miércoles, 8 de febrero de 2012

Usan el rostro de una joven para crear una página porno en internet. (2001)


Se trata de una estudiante de 21 años, involucrada a través de un fotomontaje. Dan su nombre y su teléfono. Su familia se enteró por el tenor de los llamados. Interviene la Justicia.

Por Lucas Ameriso.
La jueza federal Silvia Aramberri ordenó la supresión de una página en Internet donde una joven de 21 años fue utilizada sin su consentimiento para ofrecer servicios sexuales. Es más, se brindaba también su identidad, estudios cursados y número de teléfono. La orden judicial continúa sin acatarse, pese a que los abogados de la perjudicada han remitido oficios a las empresas informáticas que prestan el servicio, pero que a su vez tienen hasta el momento domicilio "virtual". En la familia de esta estudiante universitaria la situación irritó a sus padres y a sus dos hermanas que deben atender llamados telefónicos provenientes de lectores de la página en cuestión. Los abogados de la perjudicada están preocupados, ya que "la ausencia de un marco regulatorio" hace difuso el avance de la causa.
La denuncia fue formalizada por los abogados Pablo Barceló y Gustavo Antelo ante el malestar que la familia comenzó a padecer hace un un año, cuando el teléfono del hogar empezó a recibir pedidos de "alto voltaje erótico".
La Capital pudo ingresar a la página web de la polémica, tras horas de rastreo en los diferentes buscadores que ofrece Internet. Al hallar el portal, las imágenes eran por demás de elocuentes.
El bello y sonriente rostro de esta estudiante de Odontología de 21 años fue trucado y montado sobre la imagen de otra mujer que con su falda a la altura de la cintura muestra de frente la vagina. El fotomontaje evidencia varios errores en los colores, pero sobre todo en la proporción entre el tamaño de la cabeza y el cuerpo que se aprecia en la escena erótica.
Su torso se encuentra cubierto por una blusa blanca de seda y en el encabezado del sitio se puede leer: "Hola mi nombre es ...., soy una chica de Rosario muy abierta a nuevas experiencias. Me gusta divertirme sin compromisos y decidí crear mi página en Internet. Como verán no soy una chica con muchas vueltas, así que si quieren conocerme personalmente, lo pueden hacer llamandome al: 0341- 481...... Espero que me llamen pronto y hablemos de cualquier cosa. Los espero besos donde mas les guste, pórtense mal!!!".
Hasta ayer, habían ingresado al sitio 600 navegantes al sitio, unos 200 más desde que el 12 de febrero la denuncia quedó en manos de los abogados.


Llamados desquiciantes
Según narraron a este diario Barceló y Antelo, las situación empezó a alterar a la familia hace un año, cuando comenzaron a recibirse llamadas a la madrugada o a cualquier hora del día requiriendo la presencia de la joven. Esto fue así, "hasta que uno de los supuestos clientes confesó que el número telefónico estaba en el sitio porno de Internet", detallaron a coro.
Los padres y hermanas menores montaron en cólera cuando descubrieron la broma de mal gusto y decidieron formalizar la demanda.
El 13 de febrero, la jueza Aramberri ordenó la inmediata supresión de la página y las fotos que afectaban los intereses de la joven, tanto al portal Yahoo.com como al sitio de nombre Tripod y a otra denominada Operalinks. También se accionará contra quien escaneó la foto y la subió a la red.
"Se remitieron oficios a Cancillería y no hubo respuesta", explicó Barceló y apuntó: "Yahoo nos respondió desde su sede en California (EEUU) que era imposible aceptar la anulación de la página web y transfirió la responsabilidad al buscador Google". Los abogados mostraron dificultades en notificar la resolución judicial a estas empresas con domicilio "virtual", según calificaron al tiempo que subrayaron la ausencia de "un marco regulatorio que fije sanciones ante una situación de este tipo".
Este nuevo episodio recuerda lo ocurrido en mayo del 99, cuando un alumno adolescente del Colegio San Bartolomé de Rosario montó las imágenes de los rostros de sus compañeras de grado con escenas pornográficas que estuvieron al servicio de los internautas por varios días.
Ya en septiembre del año pasado, a otra joven estudiante de magisterio le publicaron un aviso erótico en un sitio web de Rosario, tras lo cual la firma local dejó de mostrar su aviso por la red. Como se ve, Internet es un inmensa vidriera muy difícil de abarcar por la Justicia.


NOTA relacionada:Opinión: Sólo la punta de un iceberg
Ezequiel Zabale Guillermo Beltramone (*)

Casos como este, entre otros muchos delitos informáticos, son apenas la punta de un iceberg en ascenso e irán generalizándose día a día. Específicamente, en esta situación se conjugan dos aspectos: uno técnico y otro jurídico. El primero remite a la imposibilidad técnica, por lo menos con la técnica de que se dispone comúnmente, para rastrear quién levanta la página: o sea, no hay forma de saber quién pone una página web de otro en el aire consignando datos agraviantes. Eso de por sí es importante, porque significa que en los hechos se puede decir cualquier cosa de cualquiera y nadie va a poder rastrear quién lo hizo, por lo que hay una casi completa impunidad.
Desde el aspecto jurídico, por otro lado, se registra un vacío normativo total: nuestro Código Civil es de fines de 1800 y el Penal de 1920, por lo que no existe modo de prever este tipo de situaciones. Y aunque hay proyectos de tipificación de delitos informáticos que tratan de regular la actividad, son bastante escasos. Además, se trata precisamente de una actividad que mes a mes se duplica y progresa en un 25 por ciento respecto de lo que existía con anterioridad, y eso hace que no haya ley capaz de alcanzarla.
Además, los abogados que trabajan en el caso, pese a su excelente desempeño, chocan con un problema de jurisdicción. ¿Por qué? Porque se demanda acá a una firma radicada en California o Londres, y que incluso posee subsidiarias en Japón o Alemania. Son delitos transfronterizos, un problema que parece insuperable a menos que los países hicieran un esfuerzo de regulación conjunta.
Y entonces, si bien las leyes civiles tradicionales sancionan estos actos, contemplando el daño a la imagen o el daño moral, la pregunta es cómo se operativizaría una sentencia. Cuando se la envía a un juez de afuera mediante un exhorto, ese juez responde que no tiene competencia porque allí no funciona la subsidiaria de la empresa, aunque tenga servidores en ese lugar, o la firma cuestionada dice que no reconoce la sentencia porque fue dictada bajo un tribunal argentino.
En su defecto hay que recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde un trámite ordinario tarda tres o cuatro meses. Mientras tanto, la imagen ya se dañó y el perjuicio mantiene su vigencia.
(*) Docentes universitarios y especialistas en derecho de altas tecnologías.

Fuente: La Capital 

Fecha: 9/03/2001
www.lacapital.com.ar 

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