miércoles, 8 de febrero de 2012

INSPECCIONES A LAS BASES DE DATOS. (LEY 25.326)


No cabe duda que con la sanción de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, su Decreto Reglamentario 1558/01 y las sucesivas disposiciones que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) ha dictado desde su creación, la Argentina se ha propuesto firmemente garantizar la protección de los datos personales.
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Para ello y con el claro afán de que este derecho no quede en la categoría de expresión de deseos, como tantos otros de nuestras constituciones, la DNPDP ha sido dotada de distintas prerrogativas en su carácter de órgano de control de la Ley 25.326.
La más reciente de ellas, contenida en la Disposición 5/2008, es la de efectuar inspecciones que consistirán en una o más visitas presénciales del inspector y de personal técnico debidamente acreditado, quienes verificaran in situ -pudiendo acceder a la totalidad de los locales, equipos o programas de tratamiento de datos personales del responsable de la base de datos controlada- el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Se ha previsto que este procedimiento pueda iniciarse de oficio, a discreción de la DNPDP o por denuncia de otro organismo estatal o de un particular. El espacio para estas denuncias es generado por la propia DNPDP a través de su página web (www.jus.gov.ar/dnpdpnew/ ), que contiene todas las instrucciones para reportar abusos en el tratamiento de los datos personales del denunciante.
Por regla, la inspección será notificada al responsable de la base de datos con una antelación de 10 días hábiles, salvo que se considere que la previa notificación puede afectar el resultado, en cuyo caso y siempre de modo fundado, se omitirá este aviso con el objeto de preservar el estado de cosas que quiere constatarse. La inspección finalizará con un acta que quedará en poder del inspeccionado y otra que se agregará al expediente.
Un minucioso detalle del alcance, procedimientos y objetivos de la inspección está contenido en el Anexo I de la disposición comentada.
Los objetivos enunciados en el Anexo son dos: evaluar el grado de cumplimiento de lo prescripto por la Ley 25.326 y realizar recomendaciones para el mejor desempeño del responsable de la base de datos. Pero no debe pensarse que esto queda allí, ya que teniendo la DNPDP facultades sancionatorias, puede darse el caso que luego de constatarse la violación corresponda imponer alguna de las sanciones previstas en la Disposición 7/2005 y que, según la gravedad de la falta, pueden consistir en apercibimientos, multas de entre $3.001 y $100.000 y clausuras.
En cuanto al alcance y procedimientos, las facultades de fiscalización conferidas parecen elevar el estándar vigente, ampliando el universo de conductas deseables por parte de quienes utilizan bases de datos. Esta asimetría, posiblemente genere conflictos interpretativos entre lo deseado por la administración pública y lo exigible conforme a la legislación vigente.
En concreto, se verificarán las medidas técnicas y organizativas en los siguientes campos: capacitación del personal, legalidad de los datos que posee y gestiona, idoneidad de los tratamientos de datos y en toda gestión anexa y correcto tratamiento de los datos personales, mediante el análisis de documentación y entrevistas con el personal de las áreas de sistemas, de atención a titulares y usuarios y de legales.
A tal efecto, la DNPDP puede requerir:
-Acreditaciones de personería, CUIT, ANSES, municipalidad e inscripción y renovación de las Bases de Datos.
-Se pruebe la licitud en la recolección de los datos, su origen y que se ha informado la finalidad del tratamiento a los titulares, como así también los derechos que les caben.
-Que la empresa demuestre que posee una política de privacidad y confidencialidad y que ha instrumentado mecanismos para cumplirla.
-La presentación de los contratos de confidencialidad firmados por los empleados, usuarios o terceros.
-Constancias de que los titulares han prestado el consentimiento para el tratamiento y cesión de los datos.
-El Documento de Seguridad de Datos Personales y la adopción de medidas técnicas y organizativas relativas a la incorporación y destrucción de datos, la idoneidad de los medios de tratamiento de datos, software y hardware y en general todas las contenidas en la Disposición 11/2006.
-Se demuestre la capacitación del personal, para lo que se evaluaran títulos y acreditaciones del responsable de la base de datos, su participación en actividades académicas, las publicaciones efectuadas por el mismo y sus inscripciones, inhabilitaciones e inhibiciones, capacitaciones internas y externas del personal, estudios básicos y relacionados a datos personales, conocimiento de los empleados de sus responsabilidades vinculadas al tratamiento de los datos personales, capacidad de trato y respuesta ante reclamos.
-Verificar procedimientos de atención a usuarios y de reclamos, personas a cargo, recepción de solicitudes, verificación de identidad del solicitante, respuesta al titular de los datos, registro y seguimiento del caso, procedimientos internos de rectificación, actualización, supresión y bloqueo, plazos de respuesta, etc.
Es evidente que la situación que se muestre al inspector debe coincidir con las manifestaciones efectuadas en el formulario de inscripción o renovación de datos, que tiene carácter de declaración jurada. Por lo que, para enfrentar con éxito estas inspecciones será indispensable un sinceramiento de las empresas en cuanto al estado real de sus bases de datos con la finalidad de adoptar medidas correctivas y preventivas cuanto antes.
Y es que, disparados los mecanismos de control, no habrá lugares donde esconderse. Por ello entendemos que la política de la empresa no puede ser la de buscar el resquicio legal para ampararse o la de confiar en la quietud del Estado. La política de la empresa no puede ser otra que la de transformar sus comportamientos, acercándolos poco a poco a las best practicas internacionales en la materia.
Fuente: www.carranzatorres.com.ar
Fecha de publicación de la nota: 10/10/2008

 

LINK A NOTICIA SOBRE EMAIL LABORAL. DESPIDO CON CAUSA.


Despiden a un gerente por mandar un mail "chancho" a su secretaria.
La Cámara Laboral de Capital Federal avaló el despido sin derecho a indemnización de un gerente de una consultora financiera que le envió a su secretaria un e-mail porno. El contenido era tan obsceno que los propios jueces omitieron describirlo “por razones de buen gusto”. La Sala Quinta de la Cámara, con las firmas de los jueces María García Margalejo y Oscar Zas, confirmó el despido “con causa” y “rechazó íntegramente la acción iniciada en procura del cobro de las indemnizaciones” por la cesantía laboral.

INJURIO POR EMAIL, LO DESPIDIERON Y DEBE PAGAR EL 80% DE LOS GASTOS DEL JUICIO (IPROFESIONAL.COM.AR)


La Justicia no sólo entendió que el accionar de la empresa no violó la intimidad del trabajador al revelar el contenido de su correo electrónico, sino que ordenó al empleado soportar las costas del proceso. ¿Hasta dónde puede la firma vigilar a sus dependientes? Un empleado manda un e-mail a algunos compañeros de trabajo criticando a otros y a varios de sus superiores jerárquicos. Hasta ahora, la anécdota no se despega del escenario típico de cualquier oficina.

Este correo va dirigido hacia otros compañeros, no a los destinatarios de los insultos: la situación es aun más corriente.

Pero alguien, no se sabe quién, imprime el mail y lo pega en la cartelera común: todos se enteran.

La historia podría terminar con un despido justificado, pero el empleado inició un juicio acusando a la empresa de violar su intimidad al revisar su cuenta de correo electrónico.

Aquí es donde la Justicia sorprende con un giro "novedoso", según describen los abogados consultados por iProfesional.com, cuando no sólo entiende que el despido es legítimo, en tanto la injuria arbitrada vía mail por el empleado fue de tal gravedad que no era posible la continuación del vínculo laboral, sino que también obliga al trabajador a soportar el 80% de los gastos del juicio.

"Esto es muy poco común en los casos laborales", destaca Facundo Malaureille Peltzer, socio del Estudio Salvochea Abogados.

Para el experto en derecho laboral, una situación así debería alarmar a los abogados que se dedican a representar a empleados con planteos injustificados. "La imposición de costas que hace el tribunal en este caso es muy novedosa, ya que distribuye los gastos de ambas instancias en un 80% para el trabajador, y en un 20% para la empresa", señala.

"Debería hacer reflexionar a los profesionales porque no se descarta que algún cliente pueda, luego, accionar por mala praxis contra él por haberlo metido en un pleito injustificado. Esto no puede ser tomado como algo general, sino que hay que analizarlo caso por caso", razona el socio del Estudio Salvochea Abogados.

En principio, el fallo fue posible porque la Sala IV consideró que el empleado, que se desempeñaba en el área de Recursos Humanos de la empresa Aramark, sabía de la existencia de un Manuel de Conducta interno que prohibe enviar mails que contengan lenguaje, imágenes o sonidos que sean acosadores, intimidatorios, calumniosos, difamatorios o discriminatorios.

"La sentencia es importante porque se reconoce plena validez al "Manual de Conducta de Negocios de Aramark" como documento vinculante para la empresa y el trabajador. En el reglamento, la firma se había encargado de hacerle saber a sus empleados cómo debían manejarse con el uso de las herramientas informáticas y en especial el e-mail", observa Malaureille Peltzer.

Por eso es que el manual de conducta surge como una herramienta imprescindible para que los empresarios puedan evitar litigios o, como en este caso, ganarlos.

En ese sentido, Pablo Palazzi, socio de Allende & Brea, opina que el fallo reafirma el derecho de controlar el correo electrónico por parte del empresario.

Sin embargo, recalca que hay un límite muy claro de hasta dónde puede hacerlo. "No se puede revisar el e-mail privado del trabajador, pero si el corporativo. Es decir, la cuenta de Hotmail, Yahoo o Gmail está fuera del alcance del empleador, y sólo con orden judicial puede revisarla", distingue.

Después de la ley de delitos informáticos, quedaron muchas dudas sobre si era o no delito revisar el correo electrónico ajeno sin permiso. "El alcance del permiso se discute mucho: ¿debe ser una mera notificación, un consentimiento expreso del trabajador o la simple entrega del manual de conducta de la empresa? Aquí se afirma que la notificación alcanza", plantea el socio de Allende & Brea.

Al respecto, el socio del Estudio Salvochea Abogados, aclara: "El manual permitirá al empleador ejercer el debido control de sus empleados dentro de los límites de la ley. Por eso es que se ha convertido en una necesidad imperiosa para el mundo empresario. No olvidemos que no sólo se refiere al uso del correo que el empleado debe hacer, sino también a controlar la navegación por Internet, impedir los downloads de música, películas, software, uso de celulares, notebooks, y más".

Existen firmas que ejercen una supervisión bastante estricta: "controlan" y "monitorean" los correos electrónicos de sus empleados ya sea con envíos sistemáticos de copias de todos los e-mails a una cuenta determinada o al superior del sector, o mediante muestreos al azar de determinadas cuentas. Otras, hasta instalan cámaras que registran sus movimientos.

El aumento de casos de empleados infieles, así llamados por filtrar información a la competencia, sumado a los avances de la tecnología y los recientes cambios normativos, instalan en el centro de la escena el siguiente interrogante: ¿son legales los controles que ejercen las empresas sobre los empleados?


Qué dijo la Justicia
En el fallo"Lodigiani Roberto c/Central de Multiservicios SRL s/despido" los camaristas arribaron a la conclusión de que el empleado utilizó la computadora y el correo electrónico para enviar un mensaje ajeno a cuestiones laborales que contenía alusiones sexistas, difamatorias y despectivas acerca de algunos compañeros de trabajo.

"No se trató de una broma inocente sino de un comentario denigrante elaborado con expresiones soeces que claramente violó la política de la empresa con respecto al uso de las herramientas de trabajo, en el caso, el correo electrónico laboral y el sistema informático brindado por la compañía al empleado para la ejecución diaria de sus tareas", se lee en la sentencia.

A su vez, se destaca la circunstancia de que el trabajador se encontraba debidamente notificado del "Manuel de Conducta" de la firma que advierte: "El correo electrónico y el acceso a Internet deben usarse primordialmente para cuestiones de trabajo y, en ningún caso, podrán los mensajes de correo electrónico contener lenguaje, imágenes o sonidos que sean acosadores, intimidatorios, calumniosos, difamatorios o discriminatorios".

Por eso, los jueces decidieron que la empresa Central Multiservicios (Aramark) no actuó en contravención a los derechos de inviolabilidad de la correspondencia personal y a la intimidad, ya que actuó de conformidad con una política de uso claramente establecida y conocida por el empleado.

Según los magistrados, "la conducta del trabajador de haber enviado dicho mensaje a quien es un superior jerárquico (....) resultó ser temeraria y desafiante a la autoridad de la empresa que de ninguna manera se compadece con el actuar de buena fe propio de un "buen trabajador"- que exige el Art. 63 Ley de Contrato de Trabajo (LCT) durante la ejecución del contrato laboral."

Su acción configuró una injuria tal que, por su gravedad no permitió la prosecución de la relación (Art. 242 L.C.T.). "En consecuencia, la decisión extintiva del vínculo resultó legítima", concluyeron los camaristas.

¿Es legítimo vigilar?
Para poder responder a la pregunta los especialistas previamente formulan esta otra: ¿Los empleados saben o desconocen los controles que el empleador utiliza?

"Si no los conoce porque el empleador se los oculta es probable que, una vez que los descubra, plantee su disconformidad ante la Justicia, sosteniendo que los mismos han avanzado sobre su derecho a la intimidad, con las consecuencias legales que ello implica", sostiene Malaureille Peltzer.

Si en cambio, el empleador comunica a sus empleados los sistemas que utiliza, aquí es donde entran en juego los reglamentos internos.

"Éstos no sólo sirven para delimitar el uso de las herramientas informáticas - como el correo electrónico e Internet- sino también para precisar la utilización de todos los elementos suministrados por el empleador, ya sea automóvil, herramientas de trabajo, notebook, uniforme", explica Adrián Faks, abogado asesor de empresas y titular del Estudio Faks Abogados.

El experto afirma que es sumamente importante que dichos reglamentos sean claros y entendibles por todo el personal de las distintas categorías. En este sentido, subraya que por eso es habitual la inclusión en algunos de ellos de un apartado con "preguntas frecuentes" y su respectiva respuesta.

La Ley de Delitos Informáticos
Actualmente, y con las modificaciones que se hicieron al Código Penal mediante la ley 26.388, podrían generarse conflictos entre dos leyes de orden público: la penal y la laboral.

Esto ocurrirá, sostienen desde Salvochea Abogados, cuando el empleador en ejercicio de la facultad de control "acceda" al correo electrónico de un empleado y éste entienda que tal acceso resultó "indebido".

Cuando el trabajador le plantee judicialmente a su empleador dicho "acceso indebido", y por lo tanto se sienta injuriado y despedido por esa causa, este último seguramente se defenderá diciendo que ha notificado debidamente a su empleado el control que ejerce, y que por lo tanto no se trata de acceso indebido, sino legal.

Qué hay que tener en cuenta
La tecnología ha ayudado al desarrollo de empresas y a su crecimiento, así como ha permitido ejercitar controles sobre los empleados de modo sistemático. Es por eso que los especialistas consultados por iProfesioanl.com recomiendan:



Tener presente que el Manual de Uso de las Herramientas Informáticas es un claro ejemplo que cuando un empleador quiere controlar puede hacerlo y dentro del ordenamiento legal.


Contar con un manual y que el mismo sea vinculante no es una tarea imposible, sólo requiere decisión de la alta gerencia y compromiso para prepararlo, hacerlo conocido y cumplirlo día a día.


Finalmente, es muy probable que las empresas que no lo tengan deban enfrentar contiendas judiciales sin muchas posibilidades de éxito. Por el contrario, las que sí lo posean podrán encontrar una buena defensa frente a aquellas conductas desleales o malas prácticas de sus empleados, afirma Malaureille Peltzer.

La privacidad y el control de los e-mail
Si bien en los primeros fallos referidos al tema los jueces consideraban que el uso abusivo del correo electrónico era causal de despido, en la actualudad esta tendencia se está revirtiendo", señala Horacio Granero, socio de Allende & Brea.

Originalmente se partió de un único criterio que sostenía que el e-mail otorgado por un empresario al trabajador tiene las características de ser una herramienta proporcionada para el cumplimiento de la labor y no para el uso personal.

Con el correr del tiempo la jurisprudencia se inclinó a considerar que para que exista sanción al trabajador, por el uso no adecuado del correo electrónico, la empresa debía haber advertido previamente al personal -mediante una notificación o firma de un acuerdo- sobre el debido uso de dicha herramienta y cuándo se consideraba prohibido. De esta forma se entendió que, de lo contrario, debía prevalecer la privacidad.

Así lo entendió, por ejemplo, la Cámara del Trabajo al indicar que "el acceso a un sistema informático y al uso de Internet que provee la empresa, conforme el artículo 84 de la Ley de Contrato de Trabajo, posee las características de una herramienta de trabajo, la cual debe ser utilizada para el cumplimiento de las tareas designadas y no para fines personales".

Y añadir: "Pero si fue la empresa quien concedió el acceso a un sistema informático y el uso de Internet o Intranet, como así también la asignación de una clave personal de acceso, no parece adecuado sostener que pudieran imponerse unilateralmente las restricciones al trabajador sin ninguna advertencia previa que posibilite, en caso de incumplimiento de esta última, la aplicación de alguna sanción de tipo disciplinaria al dependiente que las infringiera".

Por Victoria Pérez Zabala
Fuente: www.infobaeprofesional.com
26/5/2009 

Cómo pueden prevenir las empresas la fuga de datos confidenciales por e-mail (IPROFESIONAL.COM.AR)


La realidad demuestra que las compañías pierden valiosa información por empleados infieles y falta de control. Abogados consultados por iProfesional.com recomiendan cómo supervisar esa herramienta de trabajo y qué medidas adoptar para proteger informes “sensibles”...
(ver nota completa)

El avance tecnológico de las comunicaciones y la voracidad por conocer cada vez más hacen que las empresas deban tomar mayores recaudos para proteger uno de sus principales activos: la confidencialidad de la información.
Puntos Importantes

En este sentido, las patentes de invención, los derechos de autor, los secretos industriales y comerciales, y la cartera de clientes constituyen un “botín” bastante preciado, que en ocasiones es vulnerado desde las grandes estructuras de la compañía en forma intencional, por ejemplo, mediante el envío de datos a terceros efectuado por un empleado “infiel” o recientemente despedido.

Dentro de este escenario cobra especial relevancia el uso del e-mail laboral y cómo pueden las compañías supervisar que esta herramienta de trabajo sea correctamente utilizada por sus empleados y no se transforme en una vía para filtrar información.

“Más allá de las múltiples ventajas que acarrea el uso del correo electrónico como medio de comunicación interna y externa, es preciso tener en cuenta que también constituye una ventana por la cual las empresas pueden perder información confidencial valiosa, con la consecuente pérdida de ventaja competitiva, clientes, ventas y mercado”, dijo Horacio Bruera, socio de Carranza Torres & Asociados.

El abogado agregó que “a diferencia de otras épocas, en que el robo de información confidencial suponía un tortuoso y riesgoso procedimiento, como el ingreso a lugares de acceso restringido o fotocopiados de documentos, hoy en día la distancia que separa el secreto de la divulgación pública es de un clic”.

Cómo evitar la fuga de información
Todo este contexto torna necesario indagar respecto de cuáles son las medidas que puede adoptar el empleador para evitar el goteo de información por mail, pero sin perjudicar los derechos de los trabajadores.

Para Bruera las medidas de control deben ser “razonables, adecuadas para salvaguardar la confidencialidad de la información y no deben vulnerar los derechos del empleado”.

El profesional aconsejó tomar las siguientes medidas de control y prevención:

* Exigencia de una clave o password para acceder a los documentos que contienen información confidencial.

* Cambio periódico de esas claves.

* Fragmentación de la información de acuerdo a las necesidades de producción de cada área (por ejemplo, que ninguno de los empleados tenga acceso al código fuente completo).

* Inclusión de leyendas que dispongan que la información contenida en un documento es confidencial.

* Restricciones en cuanto al uso de Internet durante la jornada laboral.

* Remoción de discos de las PCs y su archivo en lugares cerrados.

* Celebrar acuerdos de confidencialidad.


Los reglamentos de la empresa
El abogado además afirmó que “los jueces han establecido una serie de condiciones que el empleador debe satisfacer a los efectos de ejercer válidamente el monitoreo, como, por ejemplo, regular el uso del e-mail en el reglamento de la empresa”.

En el mismo sentido se manifestó Adrián Faks, abogado asesor de empresas y titular del Estudio Faks Abogados: “Los reglamentos no sólo sirven para delimitar el uso de las herramientas informáticas (correo electrónico e Internet) sino también para precisar la utilización de todos los elementos suministrados por el empleador, ya sea el automóvil, herramientas de trabajo, una notebook, el uniforme”.

El especialista explicó que es sumamente importante que los reglamentos sean claros y entendibles por todo el personal de todas las categorías y dijo que por eso es habitual la introducción en algunos reglamentos de un apartado con “preguntas frecuentes” y su respectiva respuesta.

El deber de confidencialidad
Bruera explicó que la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece que “el trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte”.

También explicó que la Ley de Confidencialidad de la Información (LCI) complementa aquella norma al señalar que cualquier persona que con motivo de su trabajo tenga acceso a una información, que reúna los requisitos señalados anteriormente y sobre cuya confidencialidad se la haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dichos datos o de su usuario autorizado.

Por eso, el abogado señaló que “la revelación no autorizada de información confidencial por parte de un empleado implica la violación de un deber fundamental dentro del contrato de trabajo, con las consecuencias previstas por la legislación laboral, pero también supone la violación de la Ley de Confidencialidad de la Información, que da lugar a medidas o acciones civiles y penales”.

El profesional dijo que tanto la LCT como la LCI “exigen al empleador que tiene bajo su legítimo control este tipo de información una acción concreta: prevenir al empleado acerca del carácter secreto de la información exigiéndole que mantenga la debida confidencialidad o reserva”.

¿Cuándo la información es confidencial?
Sin embargo y antes de tomar medidas de control, hay que preguntarse cuándo una información puede ser calificada como “confidencial”.

Bruera precisó que debe tratarse de un secreto, es decir, “que no sea información generalmente conocida ni fácilmente accesible en los círculos en que se suele utilizar. Esta exigencia deja fuera del alcance de la ley a la información que está en el dominio público y también a la que es generalmente conocida por los entendidos en determinada materia”.

Por ello, el abogado dijo que “la información deber ser objetivamente secreta, y esto quiere decir que no va a encuadrar como tal por el sólo hecho de que el empresario la califique de confidencial, sino porque no es conocida o fácilmente cognoscible por los competidores actuales o potenciales”.

Por último, Bruera concluyó que debe tratarse de "información valiosa para la empresa, que le otorga una ventaja competitiva en el mercado porque, por ejemplo, está en la base del desarrollo de un producto, le permite mejorar la ecuación costo-beneficio u organizar mejor el trabajo”.

Fuente: http://abogados.infobaeprofesional.com/notas/78813-Como-pueden-prevenir-las-empresas-la-fuga-de-datos-confidenciales-por-e-mail.html
Fecha: 24/2/2009

¿Pueden las empresas revisar el correo electrónico de sus empleados? (INFOBAE.COM.AR) - 2008


Luego de la sanción de la Ley de Delitos Informáticos, expertos revelan si las firmas tienen control sobre esa herramienta informática. Advierten que si las compañías no adoptan políticas claras sobre el uso del mail pueden producirse reclamos. Qué recomiendan.


La reciente sanción de la Ley sobre Delitos Informáticos (LDI) volvió a colocar en el centro de la escena un interrogante clave: ¿Es legítimo que las compañías, para preservar la confidencialidad de su información, accedan y controlen los mails corporativos de sus empleados?.


Los especialistas sostienen que uno de los activos más preciados de las empresas son sus intangibles. Valiosos bienes como patentes y diseños de invención, en muchas oportunidades, son vulnerados por "empleados infieles" quienes lucran traficando esa información.

En este contexto las empresas, en procura de proteger su información sensible, extreman los recaudos y llegan a monitorear los datos enviados por sus empleados a través de los correos electrónicos.

Sin embargo, esta facultad de control genera en muchas ocasiones conflictos legales, ya que los empleados argumentan que, al revisar sus mails, la empresa vulnera su esfera de intimidad y privacidad.

La situación se torna más compleja aún teniendo en cuenta la reciente sanción de la LDI, que arroja un nuevo ingrediente a la cuestión. Sucede que esa norma reprime el acceso indebido a las comunicaciones electrónicas, entre las que, obviamente, se encuentran los mails.

Dentro de este contexto, y analizado el marco normativo, los expertos señalan que están en pugna dos derechos: por un lado, el resguardo de la privacidad de las comunicaciones de los trabajadores y, por el otro, la facultad de control que tienen las compañías respecto de la información corporativa.

Frente a ello, y teniendo en cuenta las consecuencias y eventuales reclamos que pudieran derivarse de un control indebido o excesivo por parte de los empleadores, los expertos recomiendan que las empresas implementen una clara política de privacidad.

Política de privacidad Pablo Palazzi, socio de Allende & Brea, argumentó que luego de la reciente sanción de la LDI las compañías deberán ser cuidadosas en el uso que hagan de la tecnología, ya que a partir de esa ley es delito interceptar un correo electrónico sin permiso.

“Por eso, las empresas deberán tener en práctica y comunicar internamente una adecuada política de privacidad que, en forma clara y definida, informe a sus empleados cuáles son los límites en el uso de las herramientas de la empresa y cuáles son las consecuencias”.
El especialista consideró que “es importante dejar claro si la empresa ejercerá un control sobre el correo electrónico del trabajador y de qué forma”.

Palazzi recalcó que si se adoptan estas previsiones y se comunican estas circunstancias al empleado, la empresa estará legitimada para realizar estos controles.

Autorización expresa Diego Carbone, socio de Alesina & Asociados, consideró que si la empresa obtiene las autorizaciones respectivas del empleado, quedará a salvo de posteriores reclamos judiciales por parte de éstos.

“El trabajador puede autorizar una intrusión a su ámbito de reserva. De ese modo, si el empleador cuenta con una autorización escrita para que se le monitoree su correo electrónico, no habrá acceso ilegítimo ni violación a la privacidad y mucho menos la comisión de un delito”.

“Esa autorización debe ser expresa y escrita –puede ser volcada en el contrato de trabajo- no debiendo interpretarla concedida en caso de silencio, ni frente a una tecnología que de por sí no genere expectativa de privacidad”.

Sin embargo, el especialista advirtió que el uso indebido no autoriza directamente el despido. “Parte de la jurisprudencia entiende que resulta necesario previamente la imposición de otras sanciones y apercibimientos”, concluyó.

Divididos Ricardo Sáenz, Fiscal de la cámara en lo Criminal y Correccional, dijo que la jurisprudencia se encuentra dividida respecto al criterio a adoptar en el caso de la revisión o control de los mails corporativos.

“Una parte de los jueces considera que si la empresa comunica al empleado que el correo institucional puede ser revisado y el trabajador presta su consentimiento, la compañía queda habilitada para controlar los mails e imponer sanciones en caso de un uso indebido”, afirmó.

Sin embargo, Sáenz aclaró que otro grupo de jueces consideran "que la privacidad de los trabajadores no resulta un bien disponible y que, en consecuencia, el empleador no podrá revisar las comunicaciones electrónicas sin orden judicial”.

La cuestión a la luz de las sentencias
La sanción de la LDI es reciente y aún no existen pronunciamientos concretos que hayan fijado algún criterio respecto de si el control por parte del empleador de los mails de sus trabajadores resulta indebido, y en su caso, un delito.

Sin embargo, y desde otro ángulo, la cuestión ha sido resuelta por la justicia laboral, quién fijó determinadas pautas respecto de cómo, cuándo y en qué circunstancias pueden revisarse los correos electrónicos de los empleados, destacó Carbone.

Así, en las causas “Gimenez Victoria c/ Creae Sistemas S.A. s/ despido” y “Zitelli, Gustavo Martin c/ Fibertel S.A. s/ despido” se fijaron las siguientes pautas orientadoras:

* El uso indebido del mail e internet por el empleado puede estar prohibido, así como la reserva de la propiedad de los correos corporativos en cabeza de la empresa.

* Pero es necesario que haya políticas claras sobre el uso de esas herramientas desde el inicio de la relación laboral o bien a partir del momento en que se instrumenten.

* Los empleados deben estar notificados fehacientemente de la política de la empresa sobre la utilización de las herramientas informáticas y el correo electrónico corporativo.

* Para monitorear y controlar sus comunicaciones con el mail de la empresa y hasta sus llamadas telefónicas laborales sin afectar el derecho a la intimidad es necesario el consentimiento previo expreso del empleado autorizando al empleador.

Finalmente, concluyeron que el uso indebido no autoriza directamente el despido y que resulta necesario previamente la imposición de otras sanciones y apercibimientos al trabajador.


Autor: Matías Debarbieri
Fuente: www.infobaeprofesional.com
Fecha: 30/7/2008

Consideran que Enviar Mails No Es Causal de Despido (2008)


La Cámara Laboral consideró que la decisión adoptada por la empresa IBM de despedir a un empleado por mandar correos electrónicos durante el horario de trabajo resultaba excesiva. Los miembros de la Sala III, en los autos caratulados “De Giacomi Gustavo Luis c/ I.B.M. Argentina S.A. s/ Despido”, como consecuencia de tal interpretación, condenaron a la mencionada empresa a indemnizar al trabajador.

Los camaristas, entendieron que tal sanción resultaba desproporcionada, debido a que la empresa había tenido la posibilidad de aplicar otro tipo de sanciones. Los letrados, también tuvieron en cuenta el hecho de que el trabajador no poseía medidas disciplinarias anteriores en su contra y la extensa antigüedad que poseía el mismo en la empresa.

Los jueces, para tomar tal determinación, se basaron en la Ley de Contrato de trabajo. Dicha normativa, contempla antes de un despido, la aplicación de otro tipo de sanciones para el empleado, tales como apercibimientos y sanciones, las cuales nunca fueron aplicadas.

Por su parte, la empresa, argumentó su decisión, afirmando que los mensajes que habían sido enviados a su secretaria era inapropiados, ya que contenían una insinuación hacia la misma.

A su vez, entre otros de los argumentos esgrimidos por la empresa para considerar que el despido fue con justa causa, y mediante ello no abonar la correspondiente indemnización, figura la acusación efectuada al empleado de haber revelado una clave. Ese hecho, que si bien constituye una violación de las reglas internas de la empresa, no pudo ser probado por la misma.

¿Usted considera que enviar mails durante el horario de trabajo debe ser considerado una causal de despido?

Fuente: www.abogados.com.ar
Fecha: 23/5/2008

Jurisprudencia Laboral. E-mail laboral. Uso particular. Importancia como herramienta de trabajo. Privacidad. Necesidad de políticas claras sobre su utilización. DESPIDO CON CAUSA. Improcedencia.


CAUSA 15198/2001 S. 36580 - "Pereyra, Leandro Ramiro c/ Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos SA s/ despido" - CNTRAB - SALA VIII - 27/03/2003  En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de 2003 para dictar sentencia en estos autos "PEREYRA, LEANDRO RAMIRO C/ SERVICIOS DE ALMACÉN FISCAL ZONA FRANCA Y MANDATOS S.A S/ DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden:

LA DRA. ALCIRA PAULA ISABEL PASINI DIJO:

I.- La demandada (fs. 257/260)) apela la sentencia de origen (fs. 251/252).//-
Se agravia por cuanto la Dra. Oisztajn hizo lugar a la demanda. Arguye que ha quedado acreditado que "...el actor ha recepcionado como asimismo remitido en y desde la dirección electrónica de la empresa e-mails referidos a un negocio particular, cual era el desarrollo de un sitio de Internet y ello durante la jornada laboral. En segundo lugar que ello ha ocurrido a lo largo de la relación laboral, inclusive en la época en que se hubo dispuesto el despido...", Agrega que luego de "efectuar un análisis y comparación entre los e-mails recibidos por el actor en la dirección de correo electrónico brindada por la empresa -lo cual surge de la pericia contable- y las tareas a su cargo, es necesario concluir que nada tenían que ver las informaciones y datos aportados por personas ajenas a la empresa con su actividad normal y habitual". Apela por altos los honorarios regulados al patrocinio letrado de la parte actora y al perito contador y por la forma en que la "a quo" impuso las costas.-

No le asiste razón.-

a) Coincido con la sentenciante en que la demandada no ha logrado acreditar la causal imputada al actor e invocada en su telegrama de despido, veamos;;

1. Con fecha 3 de julio de 2000 la empleadora notifica a Pereyra que "...ante su injuria grave consistente en utilizar la red de la empresa para su actividad particular consistente en un proyecto de sociedad para poner una página de Internet desatendiendo sus obligaciones específicas e incumpliendo la atención a los clientes H. Packard y Goodyear, informámosle queda despedido en la fecha por su exclusiva culpa, haberes y certificados de ley a su disposición" (ver fs,. 70).-

3. Las conductas pretendidamente injuriantes atribuidas a la contraparte, deben ser acreditadas con probanzas lo suficientemente sólidas como para no () dejar en el judicante la menor duda de la justicia de la decisión. En tal sentido, se debe considerar que la injuria es de naturaleza objetiva y en ello se debe ver la entidad de la imputación que se avale con probanza válida y contundente. La conducta negligente que en el caso se le imputa a Pereyra -usar la red informática de la empleadora para su beneficio particular y desatender a los clientes de ésta, -lo que habría originado la pérdida de confianza por parte de la recurrente-, cae generalmente en la órbita del fuero íntimo del empleador y debe admitírsela como fuertemente influenciada subjetivamente por el personal sentir del afectado; por tanto, para ser admitida como basamento de decisión rupturista, debe alcanzar para exceder de la mentada intimidad para que pueda ser analizada por aquél que le corresponde valorarla.-

4. Con esto quiero resaltar que no toda conducta negligente y/o pérdida de confianza resulta causal válida de despido sino sólo aquélla que adquiere connotaciones suficientes como para alcanzar a ser estimada como tal por quienes son ajenos a la relación laboral habida entre las partes.-
Me explico: la demandada en ningún ni momento denuncia con precisión cual es el procedimiento que debió observar el actor en el cumplimiento de sus funciones específicas ni cuáles eran las normas internas y/o las instrucciones impartidas por la patronal sobre el uso de la red informática y, más concretamente, cuál era el control que había implementado sobre el uso del correo electrónico por parte de sus empleados.-
Es así que ni en el intercambio telegráfico (fs. 66/76) ni en el escrito de contestación de demanda (fs. 93/100), denuncia las fechas en las que el actor envió y recibió los mails referidos al supuesto "negocio" de instalar una página de Internet en sociedad con un amigo.-

5. Garay declara que cuando ingresó a trabajar para la demandada, el actor ya estaba trabajando "... que la dicente estaba en otra área, era Secretaria de la Presidencia y en principio Leandro estaba en el tema de Embarques o Marítimas y pienso que al final del tiempo en que estuve trabajando estaba con el tema de los camiones... que la dicente tiene conocimiento que el actor estuvo en los sectores que menciona porque yo recibía los e-mails y los redireccionaba por red interna a quien correspondiera, entonces era suficiente saber si el e mail era de Marítimas y sabía quien estaba a su cargo. Que yo recibía los e-mails en general porque acceso a Internet había desde mi máquina, de la máquina del Dr. Rey Iraola y de la máquina de Ignacio Rey Iraola que tenía un cargo importante ....que el actor podía utilizar el correo interno por red Lan, pero no tenía acceso directo a Internet. Que si el actor tenía que recibir o enviar un e mail se realizaba por mi máquina. Que me lo enviaba a mi y lo reenviaba o bien yo recibía algún correo para Pereyra y se lo enviaba directamente, no pedía -la testigo- autorización a nadie para hacerlo... que Pereyra no tenía autorización ni acceso a Internet, ni la utilizaba, y le consta porque el acceso a Internet estaba desde mi máquina... que yo tenía una clave de ingreso y conectaba. Que a parte de las personas ya mencionadas anteriormente que tenían acceso a Internet era el responsable de Recursos Humanos, no tenía acceso a Internet pero conocía la clave de la testigo, para chequear los e-mails si yo no estaba. Que las personas ya mencionadas a las que hace referencia la testigo son el Dr. Rey Iraola e Ignacio Rey Iraola "...que no estaba claramente estipulado en la empresa que tipos de mensajes se podían recibir o enviar a través del correo electrónico, tal vez porque en ese momento Internet no era tan popular, sin embargo los pocos mensajes personales que recibió Leandro Pereyra no fueron superiores a cuatro líneas. Que Pereyra nunca tuvo acceso, no utilizó en mi presencia mi máquina computadora. Que no sabe si en las otras dos centrales de los Sres. Rey Iraola se recibieron mensajes personales para Pereyra.." (fs. 165/168).-
Por su parte el experto informa que "...no existen mails recepcionados dirigidos al actor en la fecha enunciada -3 de Julio de 2000- contenidos en la información backupeada por la demandada. No obstante resumiré -de la misma fuente- algunos e-mails ingresados en la dirección electrónica de la Empresa aparentemente relacionados con un proyecto de un sitio en Internet... Fundamentalmente fueron recepcionados durante los meses de marzo y abril de 2000..." (ver fs. 216 vta/ 217).-
Aquí es preciso aclarar que, la procedencia del despido por injuria requiere que la sanción sea inmediata al incumplimiento del trabajador. En este caso resulta evidente que no existe contemporaneidad entre el incumplimiento que se le imputa al demandante -haber utilizado del correo informático de la empleadora para la supuesta instalación de una línea de Internet en su beneficio- ya que según el informe del experto -parcialmente transcripto más arriba- los pocos e mails que envió Pereyra desde la red informática de la demandada datan de marzo y abril de 2000 y el despido directo tuvo lugar el 3 de julio de 2000. Es decir, que en el trascurso de casi cinco meses la demandada guardó silencio, consintiendo la hipotética falta del accionante, procediendo a despedirlo bruscamente muchos meses después y sin haberle requerido antes que se abstenga de utilizar el correo electrónico para su uso particular. Los testigos son contestes en declarar que al respecto la demandada no había impartido ninguna instrucción, con el agravante que sólo poseían la clave de acceso a Internet la Secretaria de la Presidencia -Sra. Garay- el Director de la empresa demanda, Dr. Rey Iraola y su hijo Ignacio Rey Iraola. Así, no habiendo contemporaneidad entre la falta y la sanción, el despido se torna extemporáneo. por lo que -desde esta óptica- el distracto no se ajusta a derecho.-

b) No está demás recordar que por Resolución 333/2001 del 10/9/2001 (DT-2001-B-Pág. 1972) la S. de Comunicaciones, ha remitido en consulta a diversas Instituciones especializadas como la Facultad de Derecho de la UBA, Colegio Público de Abogados, Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina, etc. el "Anteproyecto de Ley Protección Jurídica del Correo Informático".-
El mismo establece que se entiende por correo informático toda correspondencia mensaje, archivo, dato u otra información electrónica que se transmite a una o más personas por medido de una red de interconexión entre computadoras (Art. 1) y que a tales efectos el correo electrónico se equipara a la correspondencia epistolar. Se establece además, que la protección abarca su creación, transmisión y almacenamiento (Art. 2).-
El Art.. 3 dispone que cuando el correo electrónico sea provisto por el empleador al trabajador en función de una relación laboral, se entenderá que la titularidad del mismo corresponde al empleador, independientemente del nombre y clave de acceso que sean necesarias para su uso. El empleador está facultado para controlar la información que se transmita por medio de dicho correo y en su caso prohibir su uso para fines personales (Art. 3. 2do. Párrafo).-
Finalmente, el Anteproyecto determina que el ejercicio de estas facultades por parte del empleador así como las condiciones de uso y acceso al correo electrónico laboral, deberá ser notificada por medio fehaciente al trabajador al momento de poner a su disposición el correo electrónico o en cualquier oportunidad posterior, como requisito previo a su ejercicio (Art., 3, 3er. párrafo).-

c) Así las cosas, es evidente que el correo electrónico es hoy una "herramienta" más de trabajo. La cuestión sin duda debe analizarse de acuerdo a los derechos y deberes de la partes Arts. 62 y sgts. de la LCT) y de acuerdo al principio de buena fe (Art. 63) y el Art. 70 de dicha norma, que faculta al empleador a realizar las facultades de controles personales, destinados a la protección de los bienes de la empresa.-
Sin embargo, hay que tener presente que ".....las condiciones de confidencialidad de acceso por parte del empleador al "correo-herramienta" otorgado al trabajador como consecuencia de una relación laboral deben ser amplias, y ello encuentra sustento en que no se prive al trabajador de verdaderas herramientas tecnológicas imprescindibles para el desarrollo de cualquier trabajo. Si una empresa no tiene una política clara en el uso de esta herramienta, no advirtiendo al empleado que dicho uso debe ser realizado exclusivamente en función de su actividad laboral y haciéndole conocer el derecho de la compañía a controlar el correcto uso del e-mails podría crear una falsa expectativa de privacidad..." (Hermida, Beatriz Miranda de "El e-mail laboral en la Argentina"- DT-2001-B-Pág 1892 ).-

En el caso, la accionada no ha acreditado -reitero- que haya dictado norma alguna -escrita o verbal- sobre el uso que debían hacer los empleados del correo electrónico de la misma, con el agravante de que procedió a despedir a Pereyra directamente, sin hacerle ninguna advertencia previa sobre el uso particular del correo electrónico. Desde esta óptica, entonces, el despido de autos tampoco se ajusta a derecho.-

d) En lo que hace a los honorarios apelados a fs,. 259 por la demandada entiendo que los regulados en primera instancia a la actora y experto, se ajustan al mérito e importancia de los trabajos que los mismos han realizado (Arts. 38 ley 18345: 1, 6, 7, 19 y 22 ley 21.839;; 3 dto-ley 16.538/57), por lo que propicia se confirmen las regulaciones cuestionadas,

e) Se agravia también la demandada por la forma en que la judicante distribuyó las costas, niega que "...el reclamo de autos ha sido acogido parcialmente. En consecuencia no existe mérito para apartarse del principio general consagrado en el Art. 68 de la ley adjetiva..." Sin embargo, advierto que tales argumentos no resultan correctos en este caso concreto habida cuanta que la quejosa -reitero una ves más- no aportó a la causa prueba alguna que acredite la veracidad de sus asertos. Teniendo en cuenta ello, se pone en evidencia que la accionada resultó vencida en lo principal, por lo que lo resuelto por la Sra., Juez de grado no es sino el corolario lógico de la aplicación en la especie del principio general establecido en el Art., 68 del CPCCN. Propicio desestimar esta queja.-

II. Por lo expuesto, voto porque se confirme el fallo recurrido en todo aquello que ha sido materia de agravios.-

III. Propongo que las costas de alzada se impongan a la demandada (Art. 68 del CPCCN) y se fijen los honorarios de los firmantes de los escritos de fs. 257/260 y fs. 263/264, en el 25% y 25% respectivamente, de lo que le perciban por sus tareas efectuadas en la instancia previa (Art. 14 ley 21.839).-

EL. DOCTOR JUAN ANDRÉS RUIZ DÍAZ DIJO: Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.-

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO: No vota (Art., 125 de la ley 18345)

Por lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: l) Confirmar la sentencia apelada en todo aquello que ha sido materia de agravios. 2) Establecer las costas de alzada a cargo de la demandada y fijar los honorarios de los firmantes de los escritos de fs. 257/260 y fs. 263/264 en el 25% y 25% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos realizados en la etapa previa.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.//-

Fdo.: ALCIRA PAULA ISABEL PASINI - JUAN ANDRÉS RUIZ DÍAZ - NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO

Jurisprudencia Laboral - Periodista. Personal de un portal de Internet. Aplicación de la ley 12908 (Estatuto del Periodista).


EXPTE. 17184/2000 - "Hojman Eduardo Adrián y otro c/XSALIR.COM SA y otro s/despido" - CNTRAB - SALA VI - 17/03/2003 Buenos Aires, 17 de Marzo de 2003

EL DOCTOR RODOLFO ERNESTO CAPON FILAS DIJO:

I)) Las demandadas se alzan contra la sentencia de fojas 420/434, que acogiera la demanda tendiente al cobro de las indemnizaciones previstas en el Art. 43 del Estatuto del Periodista Profesional, así como los restantes rubros peticionados
Recurren la co-demandada Laboratorio Latino SA a fs. 436/456 y la co-demandada XSALIR.COM SA a fojas 457/464, siendo ambos memoriales replicados por la parte contraria a fojas 470/472 y el perito analista de sistemas lo hace a fojas 435 por considerar reducidos sus honorarios.//-
Se queja Laboratorio Latino SA, por cuanto la Sra. Juez de grado tuvo por acreditado los requisitos exigidos por el Art. 31 RCT para determinar la existencia de responsabilidad solidaria conjuntamente con la restante codemandada a pesar de no haberse demostrado maniobras fraudulentas ni conducta temeraria por parte de la apelante como así tampoco que las demandas constituyeran un grupo económico. Se agravia asimismo porque la misma sentenciante receptó la aplicación del Estatuto del Periodista Profesional cuando de la prueba colectada en los autos no () surge que sea aplicable a ninguno de los coactores el citado régimen legal. Sostiene que la magistrada ha efectuado una interpretación parcial y fragmentaria de las declaraciones testimoniales y que ha omitido considerar las impugnaciones realizadas oportunamente respecto del testigo Gabriel Bencivengo y de la testigo Espinosa, con fundamento en el caso del primero de poseer un cruce de intercambios telegráficos y un pedido de audiencia ante el Ministerio de Trabajo y de la segunda por las imprecisiones y contradicciones en que incurriera. Plantea que la juzgadora no ha evaluado correctamente el informe del perito especialista en sistemas, que si bien ha mencionado la existencia de notas periodísticas, de los anexos acompañados junto a su dictamen, ello no se desprende. Insiste que la lectura de esos documentos confirma que el sitio configura una guía completa de salidas que abarca desde restaurantes, espectáculos, actividades de interés general, música, actividades turísticas, deportes, arte y cultura, etc. Y sin notas de sentido periodístico. Cuestiona que se omitiera considerar que de los recibos de sueldo correspondientes a ambos accionantes surge que el Sr. Hojman revestía la categoría de supervisor de contenidos y la Srta. Bembibre la de Conten. Inter. Reclama en consecuencia que se tenga acreditada así como la remuneración percibida la categoría laboral allí indicada. Critica que se prescindiera de la prueba informativa rendida especialmente la respuesta dada por la Inspección General de Justicia, la que demuestra que ni el objeto social de la quejosa ni de XSALIR.COM SA era el de propalar noticias de carácter periodístico alguno. Solicita la aplicación del tope previsto en el Art. 245 de la ley de contrato de trabajo en la base de cálculo de la indemnización prevista en el Art. 43 de la ley 12908. requiere la reducción de la tasa de interés fijada en el decisorio de grado y de los honorarios regulados a la totalidad de los profesionales intervienientes en la causa por entender que los mismos devienen elevados en relación a las tareas cumplidas y al resultado del pleito. Mantiene el recurso interpuesto en fecha 12 de febrero de 2002 contra la resolución que dispuso los alegatos cuando no se produjo la pericia contable de vital importancia para la dilucidación de las cuestiones debatidas.-

Se agravia por su parte XSALIR.COM SA por los mismos temas y fundamentos que la codemandada Laboratorio Latino SA a excepción de la condena solidaria dispuesta contra ésta última.-

II) Cabe resolver:

A) Elementos

a) Recepción de las tareas de ambos actores en el Estatuto del Periodista Profesional

1) como ya sostuve en la causa "Vaca, Pablo Rafael c/XSALIR.COM SA y otro s/despido" - ver sentencia 55159 de fecha 15/8/02- "Las nuevas tecnologías, entre ellas la de Internet, rebasan el contenido tradicional y real del periodismo escrito, oral o televisivo, para abrirse al aspecto virtual del mismo, entre el cual la existencia de un Portal es uno de los más interesantes.-
Se entiende por Portal un sitio en Internet que acumula informaciones, noticias, datos, tanto de interés general como particular. Existen portales generales tanto como particulares, bastando consultar los grandes buscadores como Google, o Yahoo."

2) En el caso la señora Jueza destaca que en el sitio de los demandados se difundían los más variados tipos de esparcimiento. En particular se refería a espectáculos, salidas, teatros, restaurantes y demás entretenimientos a los que podía acceder el público de dicha página, y sendas informaciones, opiniones y en definitiva trabajo periodístico que desarrollaron en definitiva los actores.-

3) La prueba determinante lo es el informe del perito obrante a fs. 174/180, no observado por ninguna de las partes, que advierte en el sitio en cuestión notas periodísticas sobre temas de interés, referidos siempre al tema de espectáculos, salidas y demás que se manejaban en dicha pagina de Internet.-

4) A mayor abundamiento la documental de fojas 74/83 no desconocida por las accionadas corroboran lo manifestado por el perito analista en sistemas. Dicha documental da cuenta de la emisión de comentarios y opiniones sobre los temas cuya información brindaba el sitio. Máxime que allí se menciona la existencia de un equipo de trabajo con periodistas especializados.-

5) La sentencia resalta que los testigos indican que el actor Hojman era secretario o director de redacción y que se desenvolvía en un sector denominado de contenidos, sección internacional. También de dichas declaraciones se desprende que éste escribía notas pero que su función principal era coordinar y supervisar la redacción de la mencionada sección internacional y que era jefe de la actora Bembibre. En relación a esta última se destaca que cumplía funciones de redactora de una página internacional (de Barcelona), recolectaba información y además realizaba entrevistas y notas.-
Por todo ello, concluyo que el sitio de las demandadas era similar a un suplemento de espectáculos de un diario, con la única diferencia que, en lugar de publicarse, se difundía en la red. Proporcionaba una guía de salidas para la ciudad incluyendo notas y reportajes periodísticos respecto de ellas.-
Consecuentemente, comparto lo decidido en origen en cuanto que las tareas del actor Hojman eran las de un secretario de redacción y las de la actora Bembibre la de redactora. De este modo las funciones citadas encuadran en las disposiciones del Estatuto 12908.-

6) Ambos demandados critican esta conclusión argumentando que no son una empresa periodística ni una agencia de noticias. Sostienen que tampoco el sitio difunde noticias de carácter periodístico alguno. Argumentas con el "espíritu" de la ley 12908, relacionada sobre todo la libertad de prensa.-
Al respecto debe afirmarse que el objeto social de ambas demandadas resulta indiferente a los efectos de determinar la aplicación del régimen laboral especial. Dentro del estatuto del Periodista Profesional el empleador puede ser una persona física o un sujeto jurídico colectivo, público o privado, cualquiera sea su objeto, en tanto ocupe a una persona para el cumplimiento de tareas periodísticas, estará alcanzado por el referido estatuto.-
Los argumentos utilizados descuidan que todo cambia y ese cambio lleva a que un diario pueda editarse físicamente o virtualmente como Portal: así de simple y así de importante. El usuario del Portal editado por los demandados accedía a la misma información que si leyera la Sección Espectáculos de cualquier diario escrito, tema que sin duda enorgullece a los demandados.-
El argumento respecto del "espíritu" de la ley 12908 luce desactualizado en la medida que la ciencia del derecho hoy no habla más de "espíritu" de las normas como si ellas tuviesen un "corpus" y un "anima", dicotomía aristotélico-tomista descartada porque el humano es un ser vivo integrado por yo, alma y espíritu, trilogía desarrollada por Edit Stein (cr. Endliches und ewiges Sein, pag. 30).-
El acento puesto por los demandados en la libertad de prensa importa en momentos como los presentes. Sin embargo, señalada su importancia, no se advierte que el argumento favorezca a los demandados.-

7) Que los accionantes no tuvieran el carnet profesional en un tema menor ya que su presencia no constituye en periodista a nadie y su ausencia no le quita ese carácter a quien lo fuere. Como bien expresa la ley 12908 Art. 12, el carnet es un simple documento de identidad para poder ejercer la profesión con mayor libertad (Art. 13).-

8) Describir a Hojman como "supervisor de contenidos" y no aceptarlo como secretario de redacción o director de contenidos es inoficioso en la medida que no define el significado de "supervisor de contenidos" y en la medida que no contradice a los testigos en base a los cuales la señora jueza concluyó que el actor se desempeñó como secretario de redacción.-

9) Por todas estas razones, el argumento de los demandados debe desecharse.-

10) Igual criterio resulta aplicable a la queja ensayada respecto a la no producción de la prueba pericial contable. Es porque ambas demandadas no denunciaron al expediente el cambio de su domicilio real, siendo así lo resuelto en cuanto a la renuencia en la producción de dicha prueba se encuentra al abrigo de toda revisión.-

b) Base de cálculo para las indemnizaciones

Coincido con la Sra. Juez que la indemnización por antigüedad de los periodistas profesionales regidos por la ley 12908 se calcula de conformidad a lo establecido en su Art. 43 sobre la base de un mes de sueldo por año o fracción mayor de tres meses de antigüedad en el servicio al igual que la del Art. 245 de la ley de contrato de trabajo aunque sin el tope previsto en esta última norma. Ello así porque el régimen estatuido en la ley 12908, prevalece sobre las disposiciones de la ley de contrato de trabajo cuando las ultimas sean incompatibles con la naturaleza y la modalidad de las actividades desarrolladas y con sus específicos regímenes jurídicos o cuando, no existiendo tal incompatibilidad, son más favorables, tal como sucede en esta situación. Por ello, propongo confirmar lo resuelto en este sentido.-

c) Extensión de la condena a Laboratorio Latino SA

1) La Sra. Jueza analiza seriamente la vinculación existente entre ambos demandados concluyendo que se encuentran reunidos los recaudos del citado articulo 31 de la RCT. Para viabilizar en este caso la solidaridad impetrada en el inicio, desestimando la defensa de falta de legitimación articulada por Laboratorio Latino SA y extender la responsabilidad por la condena a dicha demandada, en forma solidaria.-
2) Lo entiendo así, amen de no advertir al respecto la existencia de una crítica razonada y concreta en los términos requeridos por el Art. 116 de la ley orgánica.-
3) Por eso, la apelación debe desecharse.-

d) condena en costas

1) dado que los demandados han sido vencidos, deben cargar con las costas.-
2) Por ello, la queja debe desestimarse.-

f) tasa de interés.-
Si bien estimo que la tasa a aplicar debió ser la "activa promedio del banco de la nación Argentina para las operaciones de descuentos comerciales, tal decisión perjudicaría al apelante por lo que se confirma en este punto la sentencia apelada.-

Decisión

Corresponde:

1) Confirmar la sentencia en lo que fue materia de agravios.-
2) Rechazar las apelaciones de los demandados y la del perito.-
3) Imponer las costas de alzada a los demandados vencidos.-
4) Sobre los honorarios.-

III) Y así voto.-

EL DOCTOR HORACIO HÉCTOR DE LA FUENTE DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.-

En atención al resultado del presente acuerdo, el TRIBUNAL RESUELVE: I) Confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios, II) Imponer las costas de alzada a los demandados vencidos, III) Regular los honorarios.//-
Cópiese, regístrese, notifíquese y vuelvan

Fdo: CAPON FILAS - DE LA FUENTE

El juez Jorge Finizzola consideró justo el despido de una empleada porteña que usó las computadoras de la empresa en la que trabajaba para recibir y enviar mails ajenos a su tarea y de contenido pornográfico. El magistrado rechazó así la demanda iniciada por una empleada, que fue identificada como V, ya que las fuentes mantuvieron en reserva su identidad, contra la firma Vestiditos SA e impuso a la reclamante las costas del juicio. El despido se produjo en marzo de 2002, luego de que las autoridades de la empresa de Buenos Aires comprobaran una "extrema lentitud" en la navegación por Internet y en la recepción de correos electrónicos en la sede de la firma. Ante esta situación, se realizó una auditoría de la que surgió que V recibía correos electrónicos particulares y los reenviaba a compañeros de trabajo y a terceros y que el "abundante material" era "en su gran mayoría, ofensivo a la moral y buenas costumbres". Finizzola evaluó las declaraciones de ex compañeros de trabajo de V -que la propia demandante había propuesto como testigos- para sostener que "la reclamante utilizó repetida y constantemente su horario y herramienta de trabajo, pese a las indicaciones que en contrario le fueron reiteradamente impartidas". El magistrado concluyó que "el contenido y trascendencia del material difundido, provee una justa causa" al despido adoptado por la patronal. "No hallo fundamento lógico, ético ni moral -expresó el juez- para que la autora de tales conductas antisociales y repudiables desde todo punto de vista, pudiera pretender percibir un monto indemnizatorio de parte de quien procedió con fundamento al resolver la desvinculación de dicha dependiente". El juez afirmó que conceder la indemnización "equivaldría a consagrar, dentro del ámbito de las relaciones laborales, un criterio que conllevaría a la indeseable consecuencia de otorgar un aparente premio a la comisión reiterada e ilimitada de conductas por completo ajenas a cualquier tipo de límites sociales, éticos y morales". (Télam). Fuente: La Capital Fecha:26/6/03.


S. 72/03 - "V.R.I c/Vestiditos SA s/despido" - JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL N° 24 - 27/05/2003 BUENOS AIRES, 27 DE MAYO DE 2003.//-

AUTOS Y VISTOS:

Estas actuaciones por medio de las cuales se presenta R.I.V e inicia demanda contra Vestiditos S.A. y dice que, habiéndose desempeñado para la misma con sujeción a las características laborales que detalla, con fecha 14 de marzo de 2002 le fue comunicado su despido a tenor del texto postal transcripto a fs. 9 vta. Produciéndose con su rechazo y posteriores instrumentos también transcriptos a continuación, el intercambio habido entre los actuales litigantes. En mérito a las diversas consideraciones que al respecto efectiviza y jurisprudencia referida al daño moral que invoca haber padecido, se considera acreedora respecto de los rubros y cantidades que integra a su liquidación de fs. 12, cuyo resultante peticiona sea diferido a condena con más la actualización monetaria que corresponda, intereses y costas.-

A fs. 31/33 vta. contestó la demandada quien, luego de negar los dichos del inicio, se refirió a las características que hicieran al desempeño laboral de la actual reclamante así como al funcionamiento del sistema informático que utiliza la empresa. Sostuvo que, con motivo de haberse advertido una extrema lentitud tanto en la navegación como en el envío y recepción de e-mails, se auditó el flujo de datos que pasaba por el servidor de correo detectándose así que V. "recibía correos de personas fuera de la empresa y los reenviaba a sus compañeros de trabajo y a otras personas ajenas a la empresa." El abundante material así detectado era, "en su gran mayoría ofensivo a la moral y buenas costumbres tanto en sus imágenes como en textos". Luego de efectuar algunas consideraciones atinentes al proceder descripto y así atribuido a la actora, indicó haber procedido por tal motivo al despido de la misma a resulta de las causales que se indicaran mediante la C.D. del 14 de marzo de 2002 por todo lo cual y luego de plantear la inconstitucionalidad del Dto. 264/2002, peticionó el rechazo, con costas, de la presente acción.-

Y CONSIDERANDO:

Que, en atención a la forma en que quedara trabada la litis, corresponde determinar si las partes adecuaron su conducta a lo normado por el Art. 377 CPCCN.-

Admitido por la requerida haber procedido en forma unilateral a la disolución del nexo laborativo que mediara entre ambas partes, invocó la principal aquellas causales que fueran oportunamente reseñadas en la comunicación rescisoria que luce a fs. 5. Ante la negativa de la entonces dependiente, correspondió a la demandada la carga de sus asertos.-

El análisis del material probatorio colectado en la causa, efectivizado a la luz de la sana crítica, permite -según así lo juzgo- determinar como no lograda por la parte empresaria una debida acreditación referente a las tres primeras causales invocadas en el instrumento antes mencionado, circunstancias que no () surgen como suficientemente establecidas mediante los elementos integrados al trámite de autos.-

En lo tocante a los puntos 4° y 5° que conformaran las imputaciones efectuadas a V. (recibir y reenviar a través del correo electrónico de la empresa archivos, textos y/o fotografías ajenos a la tarea de la accionada y de alto contenido pornográfico)) interpreto como suficientemente establecida en autos la intervención que a la actual reclamante se ha atribuido respecto de dicho proceder.-

En tal sentido y pese al desconocimiento inicialmente instrumentado a fs. 37 y posterior desistimiento de la prueba confesional actuado a fs. 80, las constancias periciales técnicas de fs. 105/110 y, en especial, los diversos testimonios recepcionados a lo largo del proceso, permiten considerar como debidamente acreditada la autoría a V. Respecto de los procederes que la accionada le endilgara y en base a los cuales -entre otros- procediera a su despido, procederes que, por otra parte, no he hallado como expresamente negados dentro del texto correspondiente a los cuatro párrafos
a los cuales, expuestos a fs. 10, se ve reducida la esencia de la presentación inicial, habiéndose limitado el resto de dicho escrito a la transcripción de los textos postales intercambiados por las partes (fs. 9/9vta.) y a la extensa reseña jurisprudencial referida específicamente al sustento de la pretendida indemnización por el daño moral que allí sostuviera haber sufrido la reclamante (fs. 10 "in fine"/11).-

En el tema que nos ocupa o sea el atinente a la utilización por parte de V. del correo electrónico de su principal para la recepción y reenvío del abundante material que (por completo ajeno a su labor) manipulara la actual reclamante, interpreto como concordantes y no contradictorios a la totalidad de los testimonios recepcionados en estos Estrados, declaraciones que, en forma llamativa, fueran producidos inauguralmente (fs. 90 y 92) por dos testigos cuya deposición ofreciera, justamente, la propia actora, circunstancia que, frente al aspecto en análisis, fortalece el valor probatorio de los dichos testimoniales de marras los cuales, por otra parte, no han sido objeto de impugnación o tacha alguna por los litigantes.-

En la antes mencionada fs. 90, inicia el estadio probatorio testimonial la declaración recepcionada a T. quien, refiriéndose a la forma de trabajo de la dependencia que laboralmente compartiera con la actual reclamante (en especial en cuanto al sistema informático) aludió a la existencia de una clave privada para cada agente (fs. 90 "in fine"/91);; uso del sistema de correo interno con limitación al ámbito estrictamente laboral; perjuicios que ocasiona su utilización en cuestiones personales y reiteración constante y expresa de las advertencias en contra de tal proceder por parte del personal de sistemas; recepción por parte de la testigo de algunos mails de la actora quien "mandaba de todo un poco, juegos, mandaba chistes, mandaba cosas personales, algunas fotos un poco obscenas, por ahí..." agregando también a fs. 91 "que la frecuencia que la dicente recibía los mail que describe era diaria". Dichas manifestaciones de Torres lo fueron a título de explicación de lo informado por la misma al comienzo de fs. 91 cuando sostuvo saber que V. fue despedida "porque no hacía uso correcto del sistema electrónico de la empresa" sosteniendo saber de ello "por experiencia" a continuación de lo cual se refirió al contenido de los envíos diarios que la actora le hacía llegar y que antes han sido descriptos tal como literalmente quedara volcado en actas. Finalmente reconoció algunos de los instrumentos reservados en Secretaría que le fueron expuestos.-

A fs. 92 compareció el testigo G., quien también trabajó para la accionada, habiendo sido despedida por la misma. Respecto de la actora indicó que desde su puesto de trabajo el testigo veía a la misma quien "estaba delante" y, luego de describir el sistema de trabajo -en especial lo relacionado con la casilla de mail y clave del mismo que cada empleado poseía y usaba en forma personal- hizo alusión al despido de V., explayándose a fs. 93 "in fine 794 acerca del problema que en la sede de la demandada afectó al correo electrónico dado el uso indebido del mismo, informando la localización de "mail con fotos y todo ese tipo de cosas" que habían forzado el circuito. A fs. 94 señaló concretamente a la actora como quien fue indentificada -luego de un análisis y seguimiento en el sistema- por haber enviado mails pesados y fotos que habían dificultado el sistema del correo electrónico de la requerida. A fs. 95 dejó reconocida alguna de la documental reservada estableciendo que "este tipo de mail eran los que enviaba la actora".-

Reitero que los dos testimonios antes analizados -ante cuya elocuencia interpreto como sobreabundante el efectuar más comentarios- fueron prestados a propuesta de la parte reclamante, proviniendo el segundo de ellos, incluso, de una persona que dijo haber sido despedida por la accionada, sin haberse producido en la causa objeción de ningún tipo acerca del valor probatorio de tales asertos, a los cuales por ello conferiré plena eficacia en dicho sentido.-

El resto de las declaraciones recibidas en autos (M.: fs. 118; F.: fs. 120; S.: fs. 129; G.: fs. 131; A.: fs. 135 y S.: fs. 138) así como los parciales reconocimientos de fs. 161/165 ningún elemento novedoso aportan a lo ya expuesto, ello sin perjuicio de las observaciones a fs. 142; 143 y 166 efectivizaran los litigantes respecto de los mismos.-

Como conclusión a lo dicho y valoración probatoria efectivizada a la luz de la sana crítica, sin que el restante material colectado en la causa permita -a mi entender- arribar a otra clase de corolario, juzgo como suficientemente acreditado que la reclamante utilizó repetida y constantemente su horario y herramienta de trabajo (sistema de correo electrónico de la accionada) pese a las indicaciones que en contrario le fueran reiteradamente impartidas, para recepcionar y reenviar el tan particular y en diversos aspectos objetable material literario y gráfico acompañado por la requerida como prueba reservada a estas actuaciones, entorpeciendo en esa forma al sistema electrónico de su principal -de la manera concordantemente expuesta por diversos testigos-
y perturbando, en un sentido que tampoco requiere mayores explicaciones, al normal funcionamiento de la accionada y personal de la misma en la medida que este se veía diariamente convertido en pasivo destinatario de las manifestaciones de su estrafalario sentido del humor, para calificar con suma benevolencia al contenido de aquellos mensajes (mails) por medio de los cuales V. canalizaba una personalidad que no dudo en tipificar -en el aspecto que nos ocupa- como diametralmente opuesta a los lineamientos previstos por el ordenamiento legal de aplicación en lo que hace a las conductas que deben observar las partes integrantes de una relación laboral como aquella que mantuvieran los actuales litigantes, (Art.. 63 y concordantes de la L.C.T.)

Establecida, como se ha destacado, la intervención protagónica de V. en los sucesos de marras, el proceder disolutorio adoptado en el evento por la principal aparece como ajustado a derecho toda vez que si bien no escapa al suscripto la circunstancia de conllevar quizás la disposición resolutoria un acentuado rigorismo dado que, ante la ausencia de antecedentes sancionatorios de la dependiente podrían haberse utilizado, antes de la cesantía, las penalidades correctoras de menor alcance contempladas por el ordenamiento respectivo, no es menos cierto que las características que revistiera el tan reiterado proceder de la actual reclamante así como el contenido y trascendencia del material por aquella difundido, provee a mi entender de una justa causa al acto rescisorio
adoptado por la principal.-

Para arribar a dicha conclusión concurro nuevamente -tal como lo hiciera al utilizar aquellos testimonios propuestos por la propia parte actora- al material proporcionado en el escrito de inicio al considerar como indubitable a la calificación efectivizada por la misma V. cuando, al tiempo de intentar un fundamento para el supuesto agravio moral cuya indemnización persiguiera también en autos, se refirió a las causas aducidas por la accionada -entre las cuales el tema de los envíos por correo electrónico resultara el de mayor trascendencia- señalando a tales procederes (que en tal sentido le habían sido imputados) como "conductas antisociales y repudiables desde todo punto de vista" (fs. 10, tercer párrafo "in fine"). Así calificado su propio y tan reiterado accionar dentro de la empresa no hallo fundamento lógico, ético ni legal alguno para que, la incansable autora de tales conductas antisociales y repudiables desde todo punto de vista pudiera pretender, por intermedio de la presente acción, el percibir un considerable monto indemnizatorio de parte de quien, en función de todo lo hasta aquí expuesto, procedió con un debido y fundamento al resolver la desvinculación de dicha dependiente.-

Es dable agregar, sólo a mayor abundamiento, que el disponer que V. recibiera el monto indemnizatorio por ella pretendido equivaldría a consagrar, dentro del ámbito de las relaciones laborales, un criterio que, diametralmente opuesto a aquel quizás demasiado riguroso -aunque fundado- que utilizara en este caso la accionada, conllevaría a la indeseable consecuencia de otorgar un aparente premio (en el sentido de indemnizar lo no indemnizable) a la comisión reiterada e ilimitada de conductas por completo ajenas a cualquier tipo de límites sociales, laborales, éticos y morales.-

Será por todo ello rechazado en todas sus partes el presente reclamo indemnizatorio correspondiendo a la parte actora el responder en costas, ello en virtud de lo normado por el Art. 68 del CPCCN.-

En virtud de lo expuesto y citas legales que anteceden, juzgo y FALLO: I) Rechazando la acción iniciada por R.I.V. contra Vestiditos S.A. II) Declarando las costas a cargo de la reclamante (Art. 68 CPCCN). III)Regulando los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 10%;; los correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en el 15%, los correspondientes al perito técnico en el 7% y los correspondientes al perito contador en el 7%, debiendo estimarse dichos porcentajes sobre el monto total reclamado, determinado en ocasión del Art. 132 L.O. (arts. 38 ley 18.345, 6, 38 y conc. ley 21.839 reformada por ley 24.432 y 3 y conc. del Dec. 16.638/57).-

Regístrese, notifíquese, y oportunamente con previa citación de la Sra. Representante del Ministerio Público, archívese.//-

Fdo.: Dr. Jorge M. Finizzola, Juez
Santiago Zarza, Secretario

Jurisprudencia Laboral - Avalan un despido por uso pornográfico de Internet. Breve comentario de este caso laboral, publicado por la Agencia Telam al respecto. 24/6/03.


Breve comentario de este caso laboral, publicado por la Agencia Telam al respecto. 24/6/03. El juez Jorge Finizzola consideró justo el despido de una empleada porteña que usó las computadoras de la empresa en la que trabajaba para recibir y enviar mails ajenos a su tarea y de contenido pornográfico.

El magistrado rechazó así la demanda iniciada por una empleada, que fue identificada como V, ya que las fuentes mantuvieron en reserva su identidad, contra la firma Vestiditos SA e impuso a la reclamante las costas del juicio.

El despido se produjo en marzo de 2002, luego de que las autoridades de la empresa de Buenos Aires comprobaran una "extrema lentitud" en la navegación por Internet y en la recepción de correos electrónicos en la sede de la firma. Ante esta situación, se realizó una auditoría de la que surgió que V recibía correos electrónicos particulares y los reenviaba a compañeros de trabajo y a terceros y que el "abundante material" era "en su gran mayoría, ofensivo a la moral y buenas costumbres".

Finizzola evaluó las declaraciones de ex compañeros de trabajo de V -que la propia demandante había propuesto como testigos- para sostener que "la reclamante utilizó repetida y constantemente su horario y herramienta de trabajo, pese a las indicaciones que en contrario le fueron reiteradamente impartidas".

El magistrado concluyó que "el contenido y trascendencia del material difundido, provee una justa causa" al despido adoptado por la patronal. "No hallo fundamento lógico, ético ni moral -expresó el juez- para que la autora de tales conductas antisociales y repudiables desde todo punto de vista, pudiera pretender percibir un monto indemnizatorio de parte de quien procedió con fundamento al resolver la desvinculación de dicha dependiente". El juez afirmó que conceder la indemnización "equivaldría a consagrar, dentro del ámbito de las relaciones laborales, un criterio que conllevaría a la indeseable consecuencia de otorgar un aparente premio a la comisión reiterada e ilimitada de conductas por completo ajenas a cualquier tipo de límites sociales, éticos y morales". (Télam).

Fuente: La Capital Fecha:26/6/03.

GOOGLE Y YAHOO DEBERÁN PAGAR $100.000 A RECONOCIDA CANTANTE POR DAÑO MORAL.(IPROFESIONAL.COM)

En otro ejemplo de cómo la Justicia comenzó a poner un freno a la divulgación de información íntima y ofensiva, un tribunal condenó a los populares buscadores a desembolsar $50.000 cada uno por la utilización indebida de la imagen de la ex Bandana Virginia Da Cunha. La Justicia condenó a Yahoo y a Google a indemizar a la ex Bandana Virginia Da Cunha por un monto de $100.000, que deberá ser afrontado por ambos en partes iguales. La resolución, que todavía no fue notificada y a la que iProfesional.com tuvo acceso, justificó la sanción en base al daño moral que sufrió la cantante por la divulgación de su imagen en sitios de contenido pornográfico.


No se trata de un caso aislado, sino que se suma al centenar de fallos que han comenzado a limitar la libertad de los buscadores al momento de publicar y divulgar los datos personales, tanto de figuras públicas como de las personas no conocidas. Para más información sobre las sentencias que ponen un freno a Yahoo y Google en la difusión de datos personales hacer click aquí.

Es que tanto desde tribunales como desde las pasarelas, el reclamo de particulares que ansían ser borrados de los buscadores de Internet, ya sea porque la información los perjudica en su honor, o porque se realiza un uso no autorizado de su imagen, es cada vez más insistente y, quizás por eso, más atendido por la Justicia.

Ya hay más de 80 jueces que se han expedido a favor de las personas afectadas acorralando a los populares sitios con sanciones que se hacen sentir, como el embargo preventivo por $746.000 impuesto a Google en abril pasado, a raíz de una demanda iniciada por la modelo Carolina Gimbutas de la agencia de Pancho Dotto.

El abogado que defendió a Da Cunha frente a Google y Yahoo, Gustavo Tanús, reconoció a este medio que esperaban que la condena de la jueza Virginia Simari, titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 75, contemplara además el daño material sufrido por la modelo, o sea que se tomara en cuenta la pérdida de eventuales ganacias al no recibir ningún crédito por aparecer en los sitios virtuales.

"Creo que lo que hace esta sentencia es reconocer el gran daño que se le puede causar a una persona por difundir indiscriminada e irresponsablemente todo tipo de contenido que se encuentra en Internet, escudándose en la libertad de expresión, sin advertir que no se tratan de derechos absolutos y que hay que ejercerlos con responsabilidad y asumir los riesgos derivados de ello", opinó Tanús, que ha llevado más de 120 casos en contra de los gigantes virtuales.

"Si bien estamos conformes con el fallo, entendemos que debería haberse hecho lugar al reclamo por daño material, analizando la implicancia de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual en el tema y el contenido patrimonial que en determinado tipo de personas tiene su imagen", se quejó el experto en protección de datos personales.

El caso "Da Cunha Virginia c/ Yahoo Argentina s/daños y perjuicios" (ver fallo completo) ordena en su resolución: "la eliminación de las vinculaciones entre los buscadores de Yahoo de Argentina, Google y los sitios de contenido sexual, erótico y/o pornográfico que contengan el nombre, imagen y fotografías de Virginia Da Cunha".

Google apelaría el fallo
Juan Pablo Bonfico, abogado del estudio Pérez Alati, representante de Google en la causa iniciada por la ex Bandana, indicó a Infobae.com que el fallo hace “responsables a Google y Yahoo! de daño moral por permitir que se vincule a Da Cunha con sitios porno. Y rechaza una segunda parte del reclamo, referida al daño material por la aparición de imágenes de ella en los buscadores de imágenes”.

El fallo “considera que la aparición no es un uso comercial de la imagen” de Da Cunha.

Bonfico explicó “esta sentencia es de primera instancia y seguramente la vamos a apelar. La actora no sé, pero como le rechazaron la mitad de la demanda entiendo que también”.

La sentencia fue dictada ayer, por lo que “estamos estudiando los argumentos, pero a simple vista no estamos de acuerdo con varios puntos”.

En ese sentido, Bonfico mencionó que el fallo “dio preponderancia a la inclusión (de Da Cunha) en esos sitios. Nosotros somos un intermediario, que informa ciertos resultados. Ahí entendemos que hay una aplicación incorrecta del Derecho”.

Y se mostró confiado en la evolución de este tipo de demandas a medida que se cree jurisprudencia. “El criterio original en las medidas cautelares era sólo escuchar a la parte actora. Pasó mucho tiempo hasta que se modificó. Por ello creemos que esto es el inicio de otro largo camino”.

Casos famosos y polémicos
Hace pocos meses un fallo favoreció a Google y Yahoo, haciendo oídos sordos al pedido de la jueza María Romilda Servini de Cubría para que se retiren ciertos datos críticos hacia su persona. Sin embargo, esto no es lo que sucede en la mayoría de los casos. Las 120 sentencias que se han puesto del lado del particular lo demuestran.

Sin ir más lejos, los buscadores sufrieron el peso de la ley a partir de la resolución una de las salas de la Cámara civil, que hizo lugar al pedido de la modelo Valeria Mazza para que su imagen sea suprimida de los buscadores de Internet.

Los camaristas entendieron en “Mazza, Valeria Raquel c/ Yahoo de Argentina S.R.L. y otro s/ medidas precautorias” que era procedente la medida destinada a la reparación de los daños y perjuicios por el uso no autorizado de su imagen.

En un anterior reclamo, la modelo había solicitado ser excluída de páginas de Internet con contenido erótico, pornográfico o de servicios de acompañantes. En el fallo citado, Mazza pretendió que sea resguardada su imagen, persiguiendo de los buscadores demandados el cese del uso de su imagen y fotografía.

Ante la pregunta sobre la postura de Yahoo frente al pedido del particular de borrar ciertos datos personales que menoscaban su derecho a la intimidad o que lo perjudican en su vida profesional, la respuesta de su director general en la Argentina, Alejandro Fishman, fue “el libre acceso a la información”.

Para Fishman, “los buscadores de Internet facilitan el acceso de manera plural y este tipo de acciones pretenden limitarlo. Es por ello que las consideramos contrarias a la libertad de circulación de contenidos a través de la web”.

El director argentino del buscador aclaró que la posición es igual para un funcionario público, como lo es Servini de Cubría, para una modelo o un particular.

“Nuestra postura es la misma, de hecho, es sabido que las personas públicas y más aun los funcionarios, tienen un velo de protección todavía menor al de cualquier otro individuo por el cargo que ocupan y por el derecho que tenemos los ciudadanos de contar con información sobre estas personas”, se explayó Fishman.

En el caso Servini de Cubría, la decisión judicial bendijo a los gigantes de Internet porque el reclamo provino de una funcionaria y la información que aparecía en la web tenía que ver con su actividad pública y su trabajo.

Tanto el abogado de Google, Juan Pablo Bonfico, socio de Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz (h.), como el que defendió a la magistrada, Gustavo Tanús, coincidieron en este punto respecto del cual la sentencia fue más que clara.

El caso de Servini de Cubría “no es equiparable al de artistas y modelos, cuya situación mereció una respuesta diferente de esta sala, ante imágenes publicadas en Internet en las que, inclusive, sus nombres y dichas imágenes eran empleados en sitios de contenido sexual”, aclaró en aquella resolución.

Cómo enfrentar a los gigantes
Pero, ¿cuáles son los pasos para dar de baja datos personales perjudiciales? Tanús -el defensor de la ex Bandana y experto en derecho informático- junto a Martín Leguizamón –abogado de agencias de modelos y especialista en derecho a la imagen y propiedad intelectual- son los referentes al momento de encarar a los gigantes de Internet para que quiten aquella información, que pudiera resultar ofensiva, de las páginas de búsqueda.

El primer caso les llegó en 2006 y, desde entonces, no paran de recibir quejas sobre la multiplicación de datos falsos y dañinos y el uso de imagen sin el consentimiento del dueño, que aparecen al alcance de la mano de la comunidad cibernética, gracias a los buscadores a los que nada se les escapa.

Hoy la codiciada cartera de clientes de Leguizamón- Tanús incluye a figuras como Valeria Mazza, Diego Armando Maradona, Susana Giménez, Paola Krum e Isabel Macedo, modelos como Nicole Neumann, Sofía Zámolo, Julieta Prandi y hasta la jueza María Servini de Cubría.

Tanús, que se describió como la “pata informática” del ya consolidado dúo, detalló los pasos a seguir si uno se encuentra con que en dichos buscadores aparecen datos ofensivos o que hay un uso de imagen no autorizado.

Soluciones prácticas y legales
La información ofensiva puede estar publicada en el portal de un diario reconocido, en un blog ignoto o puede suceder que la página haya borrado la misma y el buscador siga mostrando el estado anterior.

“En primer lugar, lo mejor es enviar una carta documento al portal, blog o página –si es que puede ser identificado- y al buscador de manera simultánea”, recomendó Tanús.

“Lo que sucede muchas veces es que el blog borra la información, ante el pedido del afectado, y Google la sigue ofreciendo en las búsquedas”, se quejó.

En este caso, hay que llevar el reclamo a la Justicia, que en la mayoría de los casos ha prestado atención a los cientos de particulares ofendidos por la enorme e inmanejable marea de información que circula en la web sin control y a un clik de distancia de todos.

“Si intimo a censurar la información y no responden, pido una medida cautelar que es el procedimiento más rápido para que cese el daño que me están provocando desde el buscador”, puntualizó el defensor de modelos que calcula que esta medida se resuelve en menos de quince días.

En esa línea, Facundo Malaureille Peltzer, del Estudio Salvochea Abogados, se hizo una pregunta: ¿Por qué los dos buscadores más conocidos han adoptado criterios tan opuestos en estos casos?

"Google sigue adelante con la publicación cuestionada, a pesar de la orden judicial en contra; en cambio, Yahoo la acata de inmediato e incorpora un texto donde explica que no puede mostrar ese link porque existe una medida judicial que así lo impide", comparó Malaureille Peltzer.

Al hacerle esta misma pregunta al director de Yahoo en Argentina, él respondió: "La política de Yahoo es acatar los fallos y resoluciones de las autoridades competentes de la Justicia Argentina".

Para Malaureille Peltzer, experto en derecho informático, la estrategia de los ofendidos es involucrar a los grandes buscadores porque sus domicilios son conocidos y son fáciles de ubicar.

"Obligar al particular a citar a sitio por sitio sería ponerlo en una situación de indefensión", opinó.

Google también se defiende
Bien lejos de la postura de Tanús, está la de Bonfico, el paladín del coloso cibernético que tiene la respuesta lista ante cada inquietud.

Bonfico señaló que el reclamo tiene que llegar hasta quien lo publicó porque él está en condiciones de defender su derecho a divulgar esa información.

“En mi experiencia, no son tantos los blogs o sitios que no pueden ser localizados”, apuntó, y agregó que casi todos describen la forma de contactar a sus responsables e, incluso, antes de tener que iniciar un reclamo formal, se debe intentar el contacto por e-mail para solicitar que se elimine la información objetada.

“Muchos hacen caso de estos reclamos ya que no desean verse envueltos en ellos. Aún en un caso de falta absoluta de información de contacto, a través del rastreo de la IP desde la cual se suben datos al sitio, se puede dar con la ubicación física de la computadora desde la que se alimenta el blog”, propuso Bonfico.

“Siempre son más los que se pueden llegar a conocer, que los que no”, distinguió.

Lo que repitió y quiso dejar en claro es que jurídicamente a Google no le corresponde analizar los contenidos, y brindó este ejemplo: “Es como pedirle a la Biblioteca Nacional que seleccione qué libros son propicios para que la gente los lea y cuáles no, de acuerdo a la autoridad de turno”.

“Google es un fichero de una gran biblioteca que es Internet, ayuda a encontrar información, pero no le corresponde emitir juicios de valor sobre esa información, mucho menos preventivamente", destacó.

En la misma línea, Fishman explicó: “Los reclamos que un particular tuviera por la existencia de cierto tipo de información en Internet debe hacerlos directamente al sitio que generó dicho contenido”.
De lo contrario, agregó el director de Yahoo Argentina, se le estaría pidiendo al buscador que cumpla con un rol de juez que no le corresponde.

“Yahoo como buscador no debería ser puesto en el lugar de decidir si uno u otro contenido es lícito o ilícito, dañino o benévolo, ético o inmoral. Ponerlo en tal lugar implicaría ir contra el principio básico de la libre circulación de contenidos a través de Internet y, además, eventualmente debería ser la justicia quien realice tales consideraciones quien, en este caso, entendió y acogió nuestra apelación”, dijo en referencia al fallo “Servini de Cubría”.

Victoria Perez Zabala
Fuente: www.iProfesional.com

UNA LEGISLACIÓN CLARA PARA INTERNET


Por Pedro Less Andrade El autor es abogado, coordinador técnico y profesir del Programa de Actualización en derecho Informático (UBA) y gerente en Asuntos Gubernamentales y Politicas Públicas, Google Latinoamérica Internet en la Argentina está pasando por momentos difíciles. Al tiempo que el gobierno argentino está sentando las bases para una agenda digital que defina las estrategias en torno a la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones, y analizando cuáles son los pasos por seguir para una mayor inclusión de la ciudadanía en la sociedad de la información, en algunos tribunales del país se han visto recientemente decisiones judiciales (medidas cautelares) que atentan tanto contra la libertad de expresión y acceso a la información como contra el desarrollo futuro de Internet en el país.

En algunos casos, nos encontramos con acciones judiciales trabadas contra buscadores de Internet, que intentan responsabilizarlos por contenidos existentes en páginas web de terceros, sobre las cuales, claramente, éstos no tienen control y son totalmente ajenos a los contenidos que publican.

Un tema ya resuelto hace más de doce años, sobre el que hay experiencia internacional.

La cuestión de la responsabilidad de los diferentes intermediarios de Internet, categoría que engloba a las empresas de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet (ISP), los proveedores de hosting (alojamiento de datos), las plataformas de la web 2.0 (blogs, plataformas de video, fotos y demás contenidos) y también los directorios y buscadores de Internet, ha sido un tema ampliamente debatido hace más de doce años.

En Estados Unidos, este principio fue establecido en 1996 en la sección 230 (c) (1) de la Communications Decency Act (ley de decencia en las comunicaciones), y señala que los diferentes proveedores y usuarios de servicios informáticos interactivos son inmunes a los reclamos de responsabilidad por información publicada por otros.

En Europa, esta cuestión se resolvió a nivel comunitario en 2000, mediante la Directiva 2000 31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europa. En su sección cuarta, establece claramente los niveles de responsabilidad de los diferentes intermediarios de Internet. La directiva, conocida como de comercio electrónico, establece los siguientes dos principios fundamentales:

El principio de "mera transmisión", que establece que, en la prestación de servicios informáticos, no se pueda considerar al prestador de servicios responsable de los datos transmitidos, alojados o almacenados temporalmente, en la medida en que el prestador de servicios no haya originado él mismo la transmisión, no haya modificado o seleccionado la información o tenga conocimiento efectivo de la actividad ilícita.

El principio de "inexistencia de obligación general de supervisión", que releva a los prestadores de servicios de una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas respecto de los servicios que prestan.

En la Argentina, estos principios también fueron acogidos en el proyecto de ley de comercio electrónico, presentado en 2006 por el entonces senador Jorge Capitanich (expediente 3812 06), con especial referencia a los buscadores y directorios, que no ha sido sancionada.

Resulta evidente la necesidad de fomentar un marco regulatorio acorde con las tendencias legislativas internacionales y adecuados a nuestra tradición jurídica, de modo de que orienten a nuestros magistrados en la resolución de temas con complejidades técnicas y desalienten el inicio de acciones judiciales estériles que no resuelven el problema de contenidos dañinos en Internet y que al final del día termina perjudicando a los usuarios.

Hay que deslindar entre derecho a la intimidad y una censurada indiscriminada.

Algunos funcionarios públicos también han solicitado, por la vía judicial, a los principales buscadores de Internet la remoción de "todo resultado de búsqueda" que pueda estar asociado con su nombre, eliminando así cualquier vinculación a medios periodísticos, páginas de opinión, sitios del gobierno nacional donde exista información pública del funcionario o incluso el mismo sitio web del Poder Judicial donde el funcionario en cuestión desempeñe sus funciones.

Esta medida cautelar resulta a todas luces desproporcionada, ya que niega a toda la sociedad la posibilidad de informarse sobre la actuación de un funcionario público sin hacer un análisis previo de qué contenidos pueden resultar difamatorios y ordenar específicamente la remoción de aquellos que puedan vulnerar los derechos del funcionario.

Resulta sorprendente que se haya emitido una medida cautelar en flagrante violación de nuestra Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), también de rango constitucional, y leyes nacionales que consagran a Internet amparada en el principio de libertad de expresión, entre otras normativas. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ?en particular los principios 5 y 10? se refiere específicamente a la censura previa y sostiene que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público.

Las medidas cautelares que ordenan este tipo de remoción no solucionan el problema de la persona afectada, el contenido dañino sigue existiendo, los autores del mismo cada vez se sienten más impunes, ya que la Justicia está enfocando sus esfuerzos hacia el lugar equivocado, y se favorece la generación de buscadores específicos para contenidos ilegales. Las investigaciones que posibilitarían desmantelar redes de prostitución, por ejemplo, no se inician, porque las acciones están enfocadas a buscar el resarcimiento económico de parte de empresas establecidas.

El autor es abogado, coordinador técnico y profesir del Programa de Actualización en derecho Informático (UBA) y gerente en Asuntos Gubernamentales y Politicas Públicas, Google Latinoamérica

Fuente:
Internet en la Argentina está pasando por momentos difíciles. Al tiempo que el gobierno argentino está sentando las bases para una agenda digital que defina las estrategias en torno a la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones, y analizando cuáles son los pasos por seguir para una mayor inclusión de la ciudadanía en la sociedad de la información, en algunos tribunales del país se han visto recientemente decisiones judiciales (medidas cautelares) que atentan tanto contra la libertad de expresión y acceso a la información como contra el desarrollo futuro de Internet en el país.

En algunos casos, nos encontramos con acciones judiciales trabadas contra buscadores de Internet, que intentan responsabilizarlos por contenidos existentes en páginas web de terceros, sobre las cuales, claramente, éstos no tienen control y son totalmente ajenos a los contenidos que publican.

Un tema ya resuelto hace más de doce años, sobre el que hay experiencia internacional.

La cuestión de la responsabilidad de los diferentes intermediarios de Internet, categoría que engloba a las empresas de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet (ISP), los proveedores de hosting (alojamiento de datos), las plataformas de la web 2.0 (blogs, plataformas de video, fotos y demás contenidos) y también los directorios y buscadores de Internet, ha sido un tema ampliamente debatido hace más de doce años.

En Estados Unidos, este principio fue establecido en 1996 en la sección 230 (c) (1) de la Communications Decency Act (ley de decencia en las comunicaciones), y señala que los diferentes proveedores y usuarios de servicios informáticos interactivos son inmunes a los reclamos de responsabilidad por información publicada por otros.

En Europa, esta cuestión se resolvió a nivel comunitario en 2000, mediante la Directiva 2000 31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europa. En su sección cuarta, establece claramente los niveles de responsabilidad de los diferentes intermediarios de Internet. La directiva, conocida como de comercio electrónico, establece los siguientes dos principios fundamentales:

El principio de "mera transmisión", que establece que, en la prestación de servicios informáticos, no se pueda considerar al prestador de servicios responsable de los datos transmitidos, alojados o almacenados temporalmente, en la medida en que el prestador de servicios no haya originado él mismo la transmisión, no haya modificado o seleccionado la información o tenga conocimiento efectivo de la actividad ilícita.

El principio de "inexistencia de obligación general de supervisión", que releva a los prestadores de servicios de una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas respecto de los servicios que prestan.

En la Argentina, estos principios también fueron acogidos en el proyecto de ley de comercio electrónico, presentado en 2006 por el entonces senador Jorge Capitanich (expediente 3812 06), con especial referencia a los buscadores y directorios, que no ha sido sancionada.

Resulta evidente la necesidad de fomentar un marco regulatorio acorde con las tendencias legislativas internacionales y adecuados a nuestra tradición jurídica, de modo de que orienten a nuestros magistrados en la resolución de temas con complejidades técnicas y desalienten el inicio de acciones judiciales estériles que no resuelven el problema de contenidos dañinos en Internet y que al final del día termina perjudicando a los usuarios.

Hay que deslindar entre derecho a la intimidad y una censurada indiscriminada.

Algunos funcionarios públicos también han solicitado, por la vía judicial, a los principales buscadores de Internet la remoción de "todo resultado de búsqueda" que pueda estar asociado con su nombre, eliminando así cualquier vinculación a medios periodísticos, páginas de opinión, sitios del gobierno nacional donde exista información pública del funcionario o incluso el mismo sitio web del Poder Judicial donde el funcionario en cuestión desempeñe sus funciones.

Esta medida cautelar resulta a todas luces desproporcionada, ya que niega a toda la sociedad la posibilidad de informarse sobre la actuación de un funcionario público sin hacer un análisis previo de qué contenidos pueden resultar difamatorios y ordenar específicamente la remoción de aquellos que puedan vulnerar los derechos del funcionario.

Resulta sorprendente que se haya emitido una medida cautelar en flagrante violación de nuestra Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), también de rango constitucional, y leyes nacionales que consagran a Internet amparada en el principio de libertad de expresión, entre otras normativas. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ?en particular los principios 5 y 10? se refiere específicamente a la censura previa y sostiene que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público.

Las medidas cautelares que ordenan este tipo de remoción no solucionan el problema de la persona afectada, el contenido dañino sigue existiendo, los autores del mismo cada vez se sienten más impunes, ya que la Justicia está enfocando sus esfuerzos hacia el lugar equivocado, y se favorece la generación de buscadores específicos para contenidos ilegales. Las investigaciones que posibilitarían desmantelar redes de prostitución, por ejemplo, no se inician, porque las acciones están enfocadas a buscar el resarcimiento económico de parte de empresas establecidas.

El autor es abogado, coordinador técnico y profesir del Programa de Actualización en derecho Informático (UBA) y gerente en Asuntos Gubernamentales y Politicas Públicas, Google Latinoamérica

Fuente: http://www.lanacion.com.ar:80/nota.asp?nota_id=1059682

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Director: Abog.Guillermo M. Zamora

QUIEN ES EL EDITOR DE ESTE BLOG:

La idea de este blog, es poder recopilar noticias, fallos, normativa, anteproyectos, libros, revistas, congresos y jornadas, postgrados, consejos legales, recomendaciones, videos, campañas y cualquier otro tipo de información sobre el Derecho Informático y Nuevas Tecnologías en la República Argentina.

Gonzalo Jeangeorges picture

Soy Abogado matriculado en Rosario (1999) Escribano (2006) Y ahora Mediador (2009) prejudicial (2013).
Mi Estudio Jurídico esta, ubicado en la calle Italia 1607 P.B.de la ciudad de Rosario, donde ejerzo la abogacía.
Me capacité con distintos cursos y jornadas en el Derecho Informático y Nuevas Tecnología, Contratos Informáticos, Delitos Informáticos Ley 26388. Asesoramiento Legal de Páginas Web, Propiedad Intelectual del Software. Protección de Datos Personales en Bases de Datos. Conflictos de Marcas y Nombres de Dominio, Comercio Electrónico e cualquier problema legal en Internet.
Tengo experiencia profesional como Abogado en Sucesiones y Divorcios, Exequatur, Siniestros y Jubilaciones y Pensiones, Cobranzas, Alquileres y Desalojos.
Ofrezco desde el año 2000 mis servicios desde el sitio www.abogadosrosarinos.com  Portal jurídico de Rosario que atiende consultas en línea, gestoría y diligencias.
Y administró un blog donde se recopilán noticias sobre Derecho Informático y Nuevas Tecnologías: http://derechoinformaticoynuevastecnologias.blogspot.com.ar  y tengo experiencia en los siguientes servicios:
- Asesoró legamente Sitio Web en temas de Dominios, Derecho de Autor, Marcas, Registración de Bases de Datos personales, como ser : Cajaforense.com , Dattatec.com , Doing.com.ar , Canalla.com , Dominiofull.com , Regisoft.com.ar , Monseiurjonk.com.ar , Grupophi.com.arm , Accesofree.com , 2studio.com.ar , Elojocreativo.com.ar , Fullciudad.com.ar , Artgraph.com.ar , Neodynamic.com .
- Trabajo Freelance en el diseño de Blog, como los siguientes: http://consejoslegalesweb.blogspot.com Consejos Legales para Páginas Web-Blogs en la Argentina http://auditorialegalweb.blogspot.com Auditoría Legal Web de la Argentina ESTA ES LA FORMA DE CONTACTO CONMIGO: 
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