lunes, 22 de diciembre de 2014

DECLARARÁ HOY UN HOMBRE DETENIDO POR POSIBLE DELITO DE GROOMING Y ESTUPRO (JUSITICASALTA.GOV.AR)






El fiscal de Violencia Familiar y de Género 3, Facundo Ruiz de los Llanos, tomará declaración hoy a R.R.A. (34), detenido ayer como posible responsable del delito de grooming y estupro en perjuicio de una menor de 14 años. Previamente, deberá asistir a la audiencia de control de legalidad en el Juzgado de Garantías de Cuarta Nominación, a cargo del juez Diego Rodríguez Pipino.

Las actuaciones que derivaron en la detención de R.R.A. se iniciaron el 1 de octubre de 2014, a raíz de la denuncia presentada por la madre de una adolescente de 14 años. La mujer relató que su hija había comenzado a tener problemas de conducta e, incluso, había llegado a escaparse de la vivienda a la madrugada. La menor le confesó luego que hacía un mes había iniciado una relación sentimental con un hombre de 34 años a quien había conocido a través de Facebook y el sitio Whatsapp Salta. 
A partir de investigaciones de la División de Trata de Personas de la Policía de Salta surgió la posible configuración de los
delitos de grooming (la ley 26904 incorporó la figura de grooming o ciberacoso sexual al artículo 131 del Código Penal) y estupro, y se solicitó la detención de R.R.A. al encontrarse afectada la integridad sexual de una menor. También se ordenó el allanamiento de su domicilio, con el fin de secuestrar elementos útiles a la causa. La orden fue librada por el juez de Garantías 4. El operativo se concretó el 9 de diciembre pasado y como resultado se secuestraron celulares, pendrives, blíster plásticos con tarjetas de almacenamiento y tarjetas SIM, cámaras fotográficas, rollos de fotos, notebook y preservativos.
La figura de grooming o ciberacoso prevé una pena de seis meses a cuatro años de prisión para el que, por medio de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual.

Fecha: 10/12/2014
Fuente: http://www.justiciasalta.gov.ar/noticia-poder-judicial-salta.php?iIdNoticia=1607

16 AÑOS DE PRISIÓN EN SANTA FE PARA UN PEDÓFILO ORIUNDO DE CORONDA - CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADA MAS AMENAZAS, DIVULGACIÓN DE IMÁGENES (DERF.COM.AR)


Nicolás Andrés Borra, analista de sistemas y ex empleado del Mercado de Valores del Litoral en la ciudad de Santa Fe, fue sentenciado a 16 años de prisión efectiva por seducir, engañar y corromper a niñas menores de edad mediante el uso de perfiles falsos en redes sociales, obteniendo imágenes de las víctimas en actividades sexuales explícitas que luego usaba para extorsionar o divulgar en Internet; el periodista Antonio Rico dialogó con la abogada María Gabriela Arri, que detalló los pormenores del caso.





Nicolás Andrés Borra, analista de sistemas de 33 años acusado por 6 casos de corrupción de menores a través de Internet, fue sentenciado el viernes pasado a 16 años de prisión efectiva.Este sujeto, con raices familiares  de la ciudad de Coronda, trabajaba en las oficinas del Mercado de Valores del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, y utilizaba un perfil falso en los chats de Messenger y Facebook para engañar a menores de entre 12 y 14 años de edad e inducirlas hacia conductas sexuales que registraba y luego usaba para extorsionar.

La abogada María Gabriela Arri, en diálogo con el periodista Antonio Rico en Rico al Cuadrado, contó: “Fuimos notificados el viernes 24 de octubre de que el juzgado en primera instancia, a cargo del Dr. Cristian Pablo Fiz, dictó la resolución que condena a Nicolás Andrés Borra a la pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo, por los delitos de promoción de la corrupción de menores de 18 años de edad en reiteradas oportunidades (seis), agravada por ser una de las víctimas menor de 13 años, además del uso de amenazas, más la divulgación de imágenes de menores de 18 en actividades sexuales explícitas, exhibiendo sus genitales con fines predominantemente sexuales en 5 oportunidades”.

El pedófilo armaba varios perfiles falsos en distintas redes sociales y se hacía pasar por menor de edad para tener contacto con las víctimas. Las seducía, luego ofrecía mostrar sus genitales y pedía que las niñas le mostraran algo a cambio. Cuando esto sucedía, las grababa, se las pegaba en el muro de Facebook y amenazaba para que las chicas le muestren más. “Esta persona mentía, decía que tenía 12 o 13 años para contactar con las menores, generar un vínculo de confianza por Facebook o Messenger y luego despertarles la curiosidad, a través de insinuaciones. Como si fuera un juego perverso, pedía a cambio la exhibición de imágenes en un intercambio recíproco, y se abusaba de la inexperiencia de las chicas. Imagínese que con 12 o 13 años de edad no tenían referencia de lo que era natural o no, por su inexperiencia y falta de madurez en el tema. Cuando las niñas decidían parar con esta extorsión, es decir, cuando se negaban a continuar, Borra amenazaba con publicar sus imágenes en Facebook o en Internet, tenía alrededor de 2.000 archivos en su computadora entre filmaciones e imágenes”, detalló Arri.

La resolución hace mención a que se ha comprobado que los videos registrados y almacenados en la computadora del condenado se corresponden con los hechos declarados por las menores. “La sentencia habla de perfiles falsos de Facebook y de un nombre que en la mayoría de los casos se repite, además se menciona que ante la negativa de las menores enviaba mensajes amenazantes. También se detalla que uno de los videos fue subido a un portal pornográfico de Internet”,señaló la abogada y añadió: “Las exigencias que le hacía a estas niñas, incapaces de defenderse, iban aumentando,llegaba a obligarles a conductas masturbatorias con introducción de objetos en zonas pudendas. Un video de estas características fue el que subió a Internet”.

La mayoría de las menores residen en la ciudad de Santa Fe, donde Nicolás Andrés Borra residió hasta que fue detenido por las Tropas Operaciones Especiales (TOE) en octubre de 2012. La causa se inició en Buenos Aires, con una denuncia radicada en Berazategui, luego se dio conocimiento de una víctima menor en Córdoba, que también fue citada, y las restantes víctimas son de la ciudad de Santa Fe.

Autor: Antonio Rico - grupoderf@hotmail.com - Cel: (0342) 154 231 57 

Fecha: 30/10/2014
Fuente: : http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=637801

CONDENARON AL ACUSADO DE GROOMING Y ESTUPRO - CONDENA 7 AÑOS DE PRISIÓN - SARMIENTO (ELDIARIODEMADRYN.COM)













AUNQUE FUE ABSUELTO POR EL CARGO DE CORRUPCIÓN DE MENORES
El tribunal colegiado integrado por los jueces Roberto Casal, Daniel Pérez y Jorge Criado declaro a Ceferino Cesar Díaz (35), autor penalmente responsable por los delitos de “grooming” y estupro. Asimismo los magistrados lo absolvieron en orden al delito de corrupción de menores.
La Fiscalía pidió que se aplique una pena de siete años de prisión de efectivo cumplimiento. Por su parte, el abogado de la defensa pública solicitó que reciba tres años en suspenso.
De esta forma, el próximo lunes 15 de diciembre se realizará la lectura de la sentencia. Hasta esa fecha, Díaz continuará con prisión preventiva alojado en la comisaría de Dolavon.
Juicio oral y público
Luego de cuatro días de audiencias, finalizó el debate oral y público contra Ceferino Díaz, oriundo de San Miguel de Tucumán, imputado por los delitos de
“grooming”, corrupción de menores y estupro.
El tribunal de juicio fue conformado por los jueces Roberto Casal, Daniel Pérez y Jorge Criado. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Herminio González Meneses. El imputado, en tanto, recibió el asesoramiento legal del Defensor Público Gustavo Oyarzun.
También estuvo presente la asesora de menores y familia Gabriela Francisco. Los familiares de la víctima, fueron acompañados por la psicóloga Romina Percivale y la licenciada en trabajo social Sandra Romero del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).
En la lectura del veredicto los jueces informaron que por unanimidad resolvieron declararlo autor penalmente responsable por los delitos de “gromming” y estupro (delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad valiéndose del engaño o de la superioridad que se tiene sobre ella).
Con respecto a la acusación por corrupción de menores, consideraron que el Ministerio Público Fiscal no logró acreditar los requisitos del tipo.
El caso
La Fiscalía sostuvo que a partir de noviembre del año 2013, Ceferino Díaz comenzó a tener un contacto o acercamiento virtual con contenido sexual con la menor de 14 años de edad a través de la red social Facebook. Asimismo, el imputado utilizó mensajes de texto para ganarse su confianza logrando una empatía, con el propósito de lesionarla en su integridad sexual.
Los investigadores sostuvieron que el 27 de marzo, ese contacto virtual se convirtió en un contacto real, como consecuencia Cesar Díaz se llevo a la menor de Sarmiento. En este contexto, se supo que Díaz retuvo el celular de la víctima quitándole el chip y la memoria, de esta manera, la menor quedo sin poder comunicarse con personas de su confianza. Ambos fueron hallados por personal policial en la terminal de Liniers en Buenos Aires, a bordo de un transporte de pasajeros de la empresa El Cóndor.
Para la Fiscalía el acusado viajó exclusivamente hasta Sarmiento para buscar a la menor. Con anticipación, tenía en su poder los boletos de los colectivos que utilizaría para llegar en principio a la terminal de ómnibus de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Asimismo, indicaron que por medio de mensajes de texto Ceferino Díaz le realizaba propuestas de explicito contenido sexual, utilizando un léxico que no es propio a la edad de la menor.
En este marco, se pudo establecer que el imputado también habría cometido el delito de estupro (conducta sexual considerada un delito en contra de una persona, en edad de consentimiento sexual y menor de 18 años cuando el sujeto emplea la seducción o el engaño para alcanzar el consentimiento).

Fecha: 6/12/2014
Fuente: http://eldiariodemadryn.com/2014/12/condenaron-al-acusado-de-grooming-de-sarmiento/

sábado, 20 de diciembre de 2014

A JUICIO LA PRIMERA CAUSA POR GROOMING - RIO SEGUNDO (CÓRDOBA) (WWW.DIAADIA.COM.AR)

El fiscal de Río Segundo elevó a juicio la primera causa por grooming. Investigadores aseguran que no hay impunidad virtual.

La causa judicial por un caso de grooming (acoso por Internet) en Río Segundo, la única que se conoce con un imputado por ese delito en la provincia de Córdoba, fue elevada a juicio por el fiscal Cristian Griffi, quien en las últimas semanas consideró agotada la etapa de investigación.
Marcos José Dávila, de 34 años, está detenido desde septiembre imputado por los delitos de grooming y coacción, causa en la que ya le había sido ratificada la prisión preventiva. “La acusación es por contactar a través de comunicaciones electrónicas a personas menores de edad, utilizando una identidad falsa, con el propósito de cometer delitos contra la identidad sexual mediante la publicación y distribución de imágenes pornográficas de menores de 18 años, y coacción reiterada calificada”, precisó Griffi.
Sobre cómo fue el rastreo del perfil falso a través del cual Dávila habría establecido el contacto con la adolescente, el fiscal de Río Segundo aseguró que fue un arduo trabajo de Policía Judicial. “Con la valiosa colaboración de Policía Científica se llegó a identificar desde dónde operaba el perfil falso, y se libró una orden de allanamiento que dio sus frutos: se secuestró gran cantidad de material y se detuvo al sospechoso”, detalló.
Los investigadores de delitos informáticos lograron determinar la ubicación geográfica desde la que provenía la interacción del supuesto usuario Brian Love, y solicitaron una orden de allanamiento. Fue el 12 de septiembre pasado, y el operativo se concretó en una vivienda de barrio Juniors, en la ciudad de Córdoba.
Dávila quedó detenido, se secuestró una computadora en la que había además material de otros menores de edad, y a finales de noviembre la jueza de Control Laura Barale le confirmó la prisión preventiva por el caso que fue denunciado en Río Segundo.
Identificables
La falsa creencia que detrás de los delitos informáticos hay impunidad hace que la cifra negra –casos que no se denuncian– sea muy alta. Sin embargo, quienes tienen como misión rastrear estos casos buscan desmitificar esa idea. Los abogados José Arce y Luciano Monchiero pertenecen al área de Coordinación y Seguimiento del Cibercrimen, que depende de la Fiscalía General Adjunta, a cargo de Alejandra Hillman, y confirman que se pueden perseguir a los ciberdelincuentes. 
Para el rastreo de IP (número que identifica a un dispositivo que se conecta a la red), los investigadores deben solicitar la información, mediante oficio judicial, a las empresas que proveen el servicio. “No hay una ley que los obligue a guardar la información durante determinado tiempo, pero si se los pide la Justicia y lo tienen, tienen la obligación de colaborar”, aclaró Arce. A los pormenores de los protocolos de rastreo no pueden difundirlos, para no develar aspectos claves en las investigaciones ni avivar a los delincuentes. 
Acerca de los pocos casos de imputación por grooming que hay en Córdoba, Arce y Monchiero hacen dos salvedades. Primero, lo reciente de la figura, incorporada al Código Penal Argentino en 2013. Y en segundo lugar, las veces en las que el grooming termina en un abuso sexual. “Sí rastreáramos cómo fue el primer contacto entre víctima y victimario en los casos de abuso sexual en los que no hay parentesco, nos encontraríamos seguramente con muchos más casos de grooming que se pierden desde la calificación legal porque culminan en otro delito”, precisó Arce.
Estafas
Ambos coinciden en que son más numerosos los delitos económicos, como phishing (fraude mediante manipulación informática) o el carding (fraude utilizando una tarjeta de crédito o débito ajena, ya sea por robo o vulneración de datos de seguridad), que los que atentan contra la integridad de las personas. Y lo que falta, es información sobre cómo protegerse.
Prevenir y formar, la tarea
José Arce y Luciano Monchiero coinciden en que el principal obstáculo para prevenir ciberdelitos es la falta de información de los padres, que muchas veces ponen en manos de sus hijos dispositivos peligrosos. Por eso formaron la ONG AMTICS http://www.derechoentrelineas.org/, a través de la cual colaboran con la alfabetización digital brindando charlas para docentes, padres y alumnos en las escuelas y dictando cursos de operador de PC para gente de escasos recursos. “Buscamos que sea una herramienta de integración para los que tienen menos acceso”, aclaran.
“¿Qué pasa cuando un padre le crea un perfil de Facebook a su hijo menor de 13 años? No sólo que lo está exponiendo en una red en la que no le está permitido estar, sino que también lo está formando en la creación de una identidad falsa, de una mentira”, cuestiona Monchiero.

Autor:lgiubergia's picture



Fecha: 19/12/2014
Fuente: http://www.diaadia.com.ar/cordoba/juicio-la-primera-causa-por-grooming

miércoles, 17 de diciembre de 2014

LAS WEBS NO RESPONDEN POR LAS BÚSQUEDAS DE GOOGLE - VER FALLO COMPLETO (DIARIOJUDICIAL.COM)

En un juicio por responsabilidad de los motores de búsqueda, la Justicia negó el pedido de Google de citar al dueño de la página web en la que se encontraría la información que dañina."No se ha explicitado cuál sería el vínculo jurídico entre los demandados y los titulares de los sitios web en cuestión", explicó la sentencia.
La Cámara  Civil y Comercial Federal rechazó en los autos "A.M. J.P. c/ Google Inc s/ Incidente de Apelación " la citación como terceros de los titulares de los sitios web en los cuales se encontraría la información cuestionada en la causa, que versaba sobre el caso de un policía que habría sido detenido por robar ropa en un centro comercial.
Google, la principal demandada, propuso citar a los dueños de las páginas web en las que figuraba la información supuestamente dañosa para el actor. Sin embargo, el juez de Primera Instancia rechazó la solicitud. Algo que fue confirmado por la Sala  II del Tribunal de Alzada, integrado por los jueces Alfredo Gusmán y Ricardo Guarinoni.
El buscador criticó esa decisión por el hecho de que, al no ser el creador de la información objetada y por ende no poder editarla, resultaba esencial "la intervención de los terceros responsables de los sitios en cuestión fin de eliminarla de internet". En ese sentido, la empresa indicó que el actor "no demostró haber intentado ubicar a esas personas, que son las responsables de hacer las publicaciones, y prefirió enderezar la acción en contra de los intermediarios". También sostuvo que al no citarlos, se estaría violando su derecho de defensa, ya que era con ellos "con quienes debería debatirse la veracidad de las noticias cuestionadas". 
Los camaristas recordaron que la intervención de terceros en el proceso "está fundada en el respeto a la inviolabilidad de la defensa en juicio, tutelada en el art. 18 C.N., y procede cuando un acto procesal tiene o puede tener efectos o consecuencias sobre el derecho del tercero, es decir, cuando se afecta -por ejemplo- su derecho de propiedad".
El Tribunal recordó que en la Exposición de Motivos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se aclara que la figura de la intervención obligada, dispuesta en su artículo 94 "comprende aquellas hipótesis en las cuales la parte  eventualmente vencida tenga una acción de regreso contra el tercero, o medie conexidad entre la relación controvertida en el proceso y otra existente entre el tercero y alguna de las partes originarias, de forma tal que podrían haber sido demandados en el mismo pleito -controversia común-". Además, "en el caso particular de una eventual acción regresiva, tiene por fin que el tercero cuya citación se pretende no pueda oponer la excepción de negligente defensa".
Sobre esa base, y teniendo presente que en la causa "no se ha explicitado cuál sería el vínculo jurídico entre los demandados y los titulares de los sitios web en cuestión", los magistrados entendieron que "no es posible afirmar la existencia de una controversia común". "Tampoco se ha invocado una posible acción de regreso para el caso en que Google resultara vencida en esta contienda", resaltó el fallo.
Para la Cámara, en definitiva, "El actor ha optado por plantear el reclamo en cierta forma y naturalmente afrontará las consecuencias de su decisión discrecional al momento de la sentencia, cualesquiera sean éstas. Frente a su negativa cerrada de que tomen participación en el pleito las personas que han subido a internet la información que considera lesiva no cabe realizar especulaciones sobre la eficacia de una eventual condena a fin de establecer la posible existencia de un litisconsorcio necesario. Y en el limitado marco de conocimiento de esta incidencia tampoco procede emitir juicios acerca de la responsabilidad imputada a las demandadas o bien de la que podría caber a terceras personas".
Bajar Fallo completo en formato PDF: http://www.diariojudicial.com/documentos/2014_Diciembre/A.xM_c_Google.pdf
Fecha: 17/12/2014
Fuente: http://www.diariojudicial.com/fuerocivilcomercial/Las-webs-no-responden-por-las-busquedas-de-Google-20141217-0002.html

RADIO ONLINE SOBRE DERECHO INFORMÁTICO

PROGRAMA RADIAL: "Circo Bits" Tecnología, informática y derecho en lo cotidiano. Abogados - locos lindos.

ESCUCHAR DICHA RADIO ONLINE: http://audiobeatradio.com/
Todos los Miércoles 19 a 21 hs 
En las redes sociales:
https://twitter.com/CircobitsAB
https://www.facebook.com/pages/Circo-Bits-AB/883631138327990?ref=ts&fref=ts

Programas ya grabados:













martes, 16 de diciembre de 2014

SE INICIA DECLARACIÓN INDAGATORIA CONTRA EMMANUEL IOSELLI ALIAS CAMUS HACKER, EL HACKER DE LOS FAMOSOS (AR.NOTICIAS.COM)


Camus Hacker












El joven Emmanuel Ioselli, alias Camus Hacker, se presentará este martes 16 de diciembre a declaración indagatoria por filtrar fotos íntimas de famosos.

El joven Emmanuel Ioselli, más conocido en los medios como ‘Camus Hacker’, deberá presentarse a declaración indagatoria este martes, por el juicio en su contra iniciado por filtrar fotos de famosos desnudos.fot
Ioselli ha sido acusado de hackear y difundir fotos íntimas de la farándula argentina, para la cual había creado una cuenta anónima a través de las redes sociales.
La causa por la que está siendo juzgado es por el delito de “extorsión y daños” contra Fátima Florez, Noelia Marzol, Coki Ramírez, Jorge Zonzini, Diego Korol, Sergio Maravilla Martínez, Ileana Calabró y Annalisa Santi, entre otros.
El joven fue entrevistado en el mes de enero en el programa El Diario de Mariana, donde declaró que no tenía conocimientos sobre el tema por el cual era acusado.
“Mi sueño era ser TT (trending topic) en Twitter, pero con mi nombre. No tengo conocimientos de hacker. ¡Bah! Mínimo, como cualquier chico de mi edad”, comentó en esa ocasión.
Durante el mes de febrero, el juez Cubas había ordenado un allanamiento del hogar de Ioselli, ubicado en Campana, donde fueron encontrados una notebook, un pendrive, un disco rígido y un módem, entre otros aparatos tecnológicos que el imputado habría utilizado para realizar sus fechorías.

Fecha: 15/12/2014
Fuente: http://ar.noticias.com/actualidad/inicia-declaracion-indagatoria-contra-emmanuel-ioselli-alias-camus-hacker-hacker-famosos.html

DIÁLOGOS 3.0 - ENTREVISTA A EZEQUIEL PASSERON LA PROTECCIÓN DE DATOS Y DEL PERFIL PERSONAL EN LA WEB. (ESCUCHAR AUDIO WEB)



Charla Ezequiel Passeron, Coordinador del programa "Con vos en la web" (http://www.convosenlaweb.gob.ar/) sobre principales problemáticas, conceptos, sugerencias, buenas prácticas en protección de datos personales en redes sociales, perfil digital, actividades con y para docentes, alumnos y padres.

domingo, 7 de diciembre de 2014

QUE UN SÓLO CHICO SEA VÍCTIMA DE GROOMING YA ES EL 100 POR CIENTO (WWW.NUEVODIGITAL.COM)


María Isabel Christensen y Claudia Roxana Domínguez, dos de las integrantes de ‘Mamás en líne@’.
















María Isabel Christensen y Claudia Roxana Domínguez, dos de las integrantes de ‘Mamás en líne@’.
Fanpage de Facebook: https://www.facebook.com/PorLaLeyDeGrooming

La frase la dijo la madre de una víctima, en alusión a que no manejan estadísticas de chicos víctimas de grooming. Organizada el Frente Renovado local, se realizó una charla sobre ‘grooming’ (delitos sexuales a menores por Internet) por parte de la entidad ‘Mamá en líne@’, integrada por madres de víctimas y víctimas de grooming.

En el moderno salón de la Asociación Empleados de Comercio tuvo lugar una interesante charla sobre una problemática acarreada por Internet, que es el grooming, lo que se traduce al castellano como delitos sexuales contra menores de edad por Internet o telefonía celular. La organización de la charla estuvo a cargo de integrantes del Frente Renovador y tuvo como protagonistas de las disertaciones a integrantes de la organización no gubernamental ‘Mamás en líne@’: María Isabel Christensen, Claudia Roxana Domínguez y Leandro Galletti.
“Este tipo de charlas se basa en lo que es la prevención del grooming, está destinada a padres, profesores y todo adulto que esté en contacto con los chicos. Es importante estar alerta y cerca de los chicos cuando navegan por Internet y toman contacto con personas”, comenzó explicando Christensen.
Afortunadamente la legislación argentina sancionó el año pasado, en noviembre, la ley anti grooming, y el país cuenta con una importante herramienta legal donde está tipificado este tipo de delitos que atenta contra los menores de edad. “Una de las razones por las que nos conformamos como grupo es que somos madres de víctimas de grooming, sabíamos que cuando íbamos a hacer las denuncias nos encontrábamos con este vacío legal y fuimos los que luchamos por tipificarlo en el Código Penal. Se sancionó el 13 de noviembre de 2013, la ley 26.904, con la incorporación del artículo 131, que pena desde 6 meses a 4 años de prisión al adulto que contacta a un menor por cualquier medio, de telecomunicación o informático con la intención de satisfacer sus deseos sexuales o ir contra la integridad sexual de un menor. Sabemos que la pena es muy baja, pero al menos es un paso adelante en la lucha contra el grooming. Todavía hay mucho por cambiar, mucho por aprender”, se explayó Domínguez.

El testimonio de una víctima

Continúo su explicación diciendo que los diferentes sectores de la sociedad deben empezar a tomar responsabilidades y como padres transmitirles a los hijos la existencia del grooming, enseñarles a evitar personas desconocidas como contactos y estar cerca y atentos a los momentos en que navegan por las redes sociales o visitan páginas web. “Los peligros que encontramos en la vida real, también los encontramos en Internet”, resumió.
Leandro Galletti se sumó al grupo como víctima del grooming. A los 14 años fue engañado y cayó en manos de un perverso. “A mí me pasó en un momento en que era el traspaso de las aplicaciones Wapp a 3G en la telefonía móvil, Internet móvil, y a la hija de Rosa Castro la contactaron porque la conocían. A mí me apareció en el chat Ubbi, empezamos a chatear, a hablar hasta que nos encontramos y me levaron y naturalizaron que estaba bien tener relaciones sexuales con adultos. Yo tenía 14 años, la única forma de sanar ese dolor es generando esta prevención a nivel nacional”, relató Galletti.
Roxana Domínguez evocó el caso de Amanda Todd, una chica canadiense de 15 años que terminó quitándose la vida por haber sido acosada por cyberbulling, extorsionada con una fotografía de sus pechos, por parte de un acosador de Internet. Fue tal la humillación que sufrió, debido a que su acosador hizo circular su fotografía mostrando los senos entre sus compañeros de escuela, profesores y hasta familiares. “Antes de tomar la decisión de quitarse la vida, Amanda Todd dejó un vídeo en You Tube mostrando en carteles el padecimiento que tuvo y pidió a la sociedad ayuda y toma de conciencia respecto a este tipo de casos de extorsión, cyberbulling y grooming contra menores. Uno a veces no termina de entender el daño psicológico que causa en un niño o adolescente este tipo de casos. En nuestro país, lamentablemente, también tenemos casos de chicas que se suicidaron por ser víctimas de estos casos”, explicó.
Luego dijo que “siempre nos preguntan por estadísticas de grooming, pero estamos convencidos que un solo chico es el 100 por ciento”.

“Los padres deben estar muy atentos”

Domínguez aclaró que la campaña la hacen a pulmón, ya que no reciben apoyo oficial de ningún tipo, “caminamos con los que quieren caminar junto a nosotros”. “La principal medida de prevención es que los padres sepan qué hacen sus hijos en Internet, vigilarlos, saber quienes son sus contactos, que diálogos entablan. Existe un entramado psicológico complejo cuando un adulto contacta a un menor y lo intenta convencer de tener un acercamiento sexual o íntimo”, comentó Domínguez.
Por su parte, Galletti agregó que “existe una brecha generacional muy grande entre los chicos de ahora y sus padres, que no han acompañado a sus hijos en ese desarrollo del manejo de Internet, la redes sociales y las nuevas tecnologías en general. Cuando se produce ese abordaje psicológico, los chicos creen realmente que esas personas los quieren de verdad, que quieren lo mejor para ellos, que esa intención de verlos es genuina y real y que no les quieren hacer nada malo. Pero sucede todo lo contrario, porque esas personas se contactan para tener un beneficio sexual”.
Aclararon que se considera grooming a partir del contacto del adulto con el menor vía telecomunicaciones, de modo que está penado por la ley aunque no haya contacto físico. “Es como la antesala al delito de abuso sexual, porque se trata de penar el contacto virtual, ya sea por chat, vídeo conferencia, cámara, fotografías. Estamos hablando de cuando el adulto ejerce el poder sobre el menor, hay un abordaje psicológico muy perverso, donde le promete regalo, buen trato, contención”, explicó Domínguez, quien se refirió enseguida a los sentimientos que experimentan los menores víctimas.
“Aparece en los chicos el sentimiento de culpa, se siente ellos culpable de los que les sucedió, y hay que aclararles que ellos jamás tienen la culpa en estos casos. Cuando alguien abusa de un menor, los chicos jamás tienen la culpa. Sí aparece la vergüenza, el sentimiento de sentirse estafados y el dolor de haber sido abusados y engañados. Por eso el acompañamiento psicológico es muy importante en estos casos, más allá del apoyo judicial. Recorremos los municipios justamente para dar a conocer que el Estado debe garantizarles a los chicos sus derechos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Adolescente”, se explayó.
Respecto a las denuncias, se pueden radicar en comisarías, fiscalías, a través del número 911 o comisarías de la mujer. “Es importante que sepan que la captura de pantalla del chat, de la imagen del adulto en la cámara web, sirven como prueba, además de lo que es el historial de Facebook o Google. Les damos a los padres los consejos acerca de cómo hacer los imprint de pantallas para tener pruebas. Somos una red con integrantes en distintas ciudades del país. Está Helena de Troya en Rosario, Rosa Castro en Cipolletti, Alicia en Trenque Lauquen, Mariela en Tucumán, Leandro en Tigre, Mabe de México y yo en Vicente López. Somos varias ong nacionales e internacionales que luchamos contra el grooming”, concluyó Domínguez.

Fecha: 18/7/2014
Fuente: http://www.nuevodiadigital.com/index.php/locales/15894-%E2%80%9Cque-un-s%C3%B3lo-chico-sea-v%C3%ADctima-de-grooming-ya-es-el-100-por-ciento%E2%80%9D.html

jueves, 4 de diciembre de 2014

VIDEO: UN PERFIL DE FACEBOOK LO DIFAMABA - ENTREVISTA AL ABOGADO EZEQUIEL ZABALE (ROSARIO3.COM)

DELITOS INFORMÁTICOS. LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA DIGITAL EN EL PROCESO JUDICIAL - AUTOR: MAXIMILIANO BENDINELLI (INFOJUDICIAL.COM.AR)

Autor: Bendinelli, Maximiliano
Fecha: 3-dic-2014
Cita: MJ-DOC-6987-AR | MJD6987
Sumario:
I. Introducción. II. Delito informático y tipificación. III. Prueba o evidencia digital. Preservación y validez. IV. Situación actual y actuación del perito informático forense.
Doctrina:
Por Maximiliano Bendinelli (*)
RESUMEN
En el último tiempo, hemos sido testigos de un revolucionario proceso de penetración de la informática, la tecnología y los datos digitales en la vida cotidiana de las personas. El “boom” de Internet ha ido acompañando este proceso y la “vida digital” de las personas ha tomado una relevancia inusitada. Sin embargo, el uso que se les ha dado, tanto para cometer delitos como para ser utilizados como “medios para”, genera controversia y el ámbito judicial no ha quedado afuera de este debate. Sobre todo, en cuanto a la utilización de estos elementos como pruebas o posibles evidencias de procesos judiciales.
I. INTRODUCCIÓN
En el último tiempo, hemos sido testigos de un revolucionario proceso de penetración de la informática, la tecnología y los datos digitales en la vida cotidiana de las personas. Es indudable que hoy gran parte de nuestras actividades quedan registradas en algún medio tecnológico: computadoras, cámaras digitales, dispositivos móviles y celulares, entre otros. El “boom” de Internet ha ido acompañando este proceso y la “vida digital” de las personas ha tomado una relevancia inusitada.
Adultos, jóvenes, adolescentes y niños acceden a la tecnología y a los medios sociales de una manera tan sencilla como hacer un clic. Pero, sucede que muchas veces focalizados en todo lo que esto habilita, se presta poca atención a los riesgos que estas cuestiones traen aparejadas. Por eso, la educación y la responsabilidad en el uso que se hace de la tecnología y de Internet resultan fundamentales para formar usuarios conscientes de estos peligros. Aquí está la clave de la prevención.
El uso que se les ha dado, tanto para cometer delitos como para ser utilizados como “medios para”, ponen en cuestión todo lo que han habilitado y permitido. Y, el ámbito judicial no ha quedado afuera de este debate, así como tampoco la utilización de estos elementos como pruebas o posibles evidencias ha generado múltiples interrogantes.
II.DELITO INFORMÁTICO Y TIPIFICACIÓN
Los delitos informáticos se encuentran contemplados en la Ley 26.388 (ley de delitos informáticos) que los define como cualquier actividad ilegal que encuadra en figuras tradicionales ya conocidas como robo, hurto, fraude, falsificación, perjuicio, estafa y sabotaje, pero siempre que involucre la informática de por medio para cometer la ilegalidad.
Esto implica que un delito informático debe diferenciarse de la tecnología o la informática para cometer delitos, siendo usadas en este caso como “medios para”. No todo acto ilícito es delito. Para ser tal, la acción en cuestión debe estar claramente descripta en la norma penal y a esta no se la puede interpretar analógicamente.
Para que una determinada conducta pueda ser perseguida o castigada, debe necesariamente estar prevista en una ley, debiendo esta a su vez establecer una pena para ese actuar. Actualmente, se encuentran tipificados como delitos informáticos:
- la pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos (art. 128 CPen),
- la violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica (art. 153 párr. 1º CPen),
- la intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones (art. 153 párr. 2º CPen),
- el acceso a un sistema o dato informático (art. 153 bis CPen),
- la publicación de una comunicación electrónica (art. 155 CPen),
- el acceso a un banco de datos personales (art. 157 bis párr. 1º CPen),
- la revelación de información registrada en un banco de datos personales (art. 157 bis párr. 2º CPen),
- la inserción de datos falsos en un archivo de datos personales (art. 157 bis párr. 2º CPen; anteriormente regulado en el art. 117 bis párr. 1º incorporado por la Ley de Hábeas Data ),
- el fraude informático (art. 173 inc. 16 CPen),
- el daño o sabotaje informático (arts. 183 y 184 incs.5 y 6 CPen),
Las penas establecidas para estos delitos son aplicables a lo que comúnmente conocemos como delitos dolosos, es decir, se efectúan a sabiendas, con intención, conocimiento previo y sin derecho a hacerlo, por lo que los “errores” no son penados. Las penas pueden consistir en prisión, inhabilitación (cuando el delito lo comete un funcionario público o el depositario de objetos destinados a servir de prueba) o multa, en función del delito que se trate.
La ley plantea además las siguientes limitaciones de alcance:
- Los delitos afectan a las personas y no a las empresas, por lo que la empresa donde trabaje alguien que cometa un delito contemplado en el Código Penal no se vería afectada.
- Los filtros instalados a nivel de servidores que pudieran interceptar comunicaciones (antivirus, antispam, etc.) no se verían contemplados.
- No se penará cualquier acceso a información, bases de datos, comunicaciones electrónicas, sino solo las indebidas (sin derecho o justificación alguna).
La ley no tiene en cuenta la educación de los usuarios, dando pie a muchos casos en los que el usuario promedio publica sus datos personales y de tarjeta de crédito en Internet, sin tener en cuenta que pueden ser accedidos por cualquiera, y contra eso no hay ley que los proteja.
Previamente a la Ley 26.388 existía un vacío legal en este sentido ya que los delitos informáticos no se encontraban tipificados en la norma. Este fue un paso importantísimo en el ámbito judicial, si bien debemos reconocer que, en los tiempos que corren, no ha evolucionado al ritmo del crecimiento de la tecnología y los medios digitales.
III. PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL. PRESERVACIÓN Y VALIDEZ
Cuando hablamos de delitos informáticos o aquellos cometidos utilizando directa o indirectamente un medio tecnológico, se pregunta inmediatamente por el tipo de prueba o evidencia que se puede utilizar para probarlos.
Definir qué es una evidencia digital no es una tarea sencilla.Se entiende por prueba digital a los datos que constan en formato electrónico y que constituyen elementos de prueba, comprendiendo las etapas de extracción, procesamiento e interpretación.
La definición de evidencia digital puede ser abordada desde dos perspectivas. Como OBJETO, cuando se vincula con aquellas acciones que se realizan por medios electrónicos (obtención de datos mediante el ingreso indebido a una base de datos, la intercepción no autorizada de una conversación telefónica, entre otros). Cuando se la considera como REPRESENTACIÓN de ciertos actos jurídicamente relevantes, el hecho en sí no es electrónico, sino más bien los medios electrónicos son elementos que representan eficazmente el consentimiento, la voluntad y el delito, pero no constituyen tales elementos. Además de estos medios electrónicos, podrían presentarse otros para probar la existencia del consentimiento, la voluntad y el delito.
En ambos casos, se requiere una mirada tecnológica para entender las características de los medios utilizados, y un análisis técnico-jurídico que determine cómo obtener la evidencia, cómo presentar la prueba, cómo interpretarla, y cómo relacionarla con los hechos o actos jurídicos materia de juicio.
En resumen, puede considerarse a la evidencia digital como un tipo de prueba física en donde sus datos pueden ser recolectados, almacenados y analizados con herramientas informáticas forenses y técnicas especiales. Con esto nos referimos a registros almacenados en el equipo de tecnología informática, como pueden ser correos electrónicos, archivos de aplicaciones de ofimática, imágenes, entre otros; también registros generados por los equipos de tecnología informática, como por ejemplo auditoría, transacciones, eventos, entre otros; y registros que parcialmente han sido generados y almacenados en los equipos de tecnología informática, en tal caso serán hojas de cálculo financieras, consultas especializadas en bases de datos, vistas parciales de datos, entre otras.
Si se la compara con otras formas de evidencia, la prueba digital es única.Es sensiblemente frágil, una copia de un documento almacenado en un archivo es idéntica al original; permite realizar copias no autorizadas de archivos sin dejar rastro alguno. Por lo tanto, entre sus características se encuentran su volatilidad, su anonimato, su duplicabilidad, su posibilidad de ser alterada, modificada y eliminada.
La preponderancia que tiene la prueba o evidencia digital para esclarecer un delito depende de la vinculación que tenga con un caso en particular. Esta puede provenir de un delito informático o de un delito que se cometió utilizando de manera directa o indirecta con algún medio tecnológico.
Si la evidencia fue presentada de manera correcta y su cadena de custodia no fue alterada, puede llegar a ser crucial para resolver cualquier clase de delitos.
Pero muchas veces se encuentran algunos inconvenientes a la hora de demostrar o echar luz acerca de un hecho, justamente por los problemas que se generan al momento de tipificarlo correctamente. Si bien, paulatinamente la justicia ha ido considerando a estos medios tecnológicos como parte del proceso judicial a la hora de resolver delitos de todo tipo, esta situación no se ha visto acompañada por cambios en las ciencias jurídicas y en la teoría procesal.
Esta situación tampoco ha permitido a los operadores del derecho moverse con certezas al momento de las decisiones judiciales que implican los hechos tecnológicos, por lo que se requiere una necesaria capacitación en este sentido.
IV. SITUACIÓN ACTUAL Y ACTUACIÓN DEL PERITO INFORMÁTICO FORENSE
Es un hecho irrefutable que en nuestro país en los últimos tiempos han avanzado los delitos cometidos mediante el uso de las nuevas tecnologías, redes sociales y otros medios digitales. Los vacíos legales existentes para juzgar estos delitos han llevado a que causas queden archivadas por no saber cómo proceder, o no hacerlo a tiempo.
No menor resulta la situación actual del Código Procesal Penal en relación con l a evidencia digital y el accionar del perito informático forense.La norma no presenta ninguna mención que haga referencia al tratamiento de la prueba digital ni a su procedimiento de preservación, manipulación y análisis. Claro ha quedado que no implica el mismo proceder que para la recolección de una prueba física.
La omisión de la tarea que lleva adelante el perito informático forense lo obliga a regir su accionar con las buenas prácticas impartidas por quienes son pioneros en la materia, generalmente Estados Unidos, para de algún modo encuadrar la actividad en un marco de legalidad.
Los mismos interrogantes se presentan con cuestiones vinculadas a la solicitud de preservación y obtención de datos, la validez de una prueba obtenida en otro país, la aplicación de la ley y la jurisdicción del delito, los tiempos para la intervención de la justicia y la premura con la que se debe actuar ante una evidencia digital, entre otras cuestiones.
Es necesaria una legislación que se adecue a esta nueva situación. También, que los actores judiciales reciban la capacitación acorde para enfrentarse con cada vez más delitos de este tipo y las situaciones que conllevan. En este sentido, resulta crucial un revisionismo que permita realizar las reformas pertinentes para regular estas prácticas, incorporando la prueba digital y todo lo que ella implica.
———-
(*) Perito informático forense. Ingeniero en Sistemas Informáticos. Máster en Seguridad Informática. Especialista en Informática Forense y Delitos Informáticos. Perito informático para el Poder Judicial de la Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, en los fueros civil, comercial, de trabajo y penal. Perito informático de parte. Orador en el I Congreso Argentino de Ingeniería Forense, Jornadas de Informática y Telecomunicaciones Forenses organizado por el COPITEC; en las I Jornadas Regionales de Informática Forense y Delitos Informáticos; en el I Congreso Argentino de Ingeniería Forense organizado por el COPIME.Archivado en: DOCTRINA Tagged: ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES, BASES DE DATOS PERSONALES, CONSENTIMIENTO, CORREO ELECTRÓNICO, DELITOS INFORMÁTICOS, DOLO, ESTAFA, EXPEDIENTE PENAL, FACEBOOK, HURTO, INFORMÁTICA, INTERNET, MEDIOS DE PRUEBA, MULTA, PENA DE INHABILITACIÓN, PENA DE PRISIÓN, PROHIBICIÓN DE LA ANALOGÍA EN MATERIA PENAL, PRUEBA PERICIAL, PUBLICACIONES OBSCENAS, REDES SOCIALES, ROBO, TARJETAS DE CRÉDITO, TWITTER, VOLUNTAD
Fecha: 3/12/2014
Fuente: http://www.infojudicial.com.ar/delitos-informaticos-la-importancia-de-la-prueba-digital-en-el-proceso-judicial/

martes, 2 de diciembre de 2014

ANÁLISIS DEL FALLO “RODRIGUEZ, MARÍA BELÉN C/ GOOGLE INC. S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 28/10/2014 (ABOGADOS.COM.AR)




Luego de un extenso debate tanto jurisprudencial como doctrinario, acerca del tipo de responsabilidad civil que cabe a los buscadores de internet, y ante la inexistencia de previsión legal sobre el tema, nuestro Máximo Tribunal ha determinado su posición al respecto, en un reciente fallo en los autos “RODRÍGUEZ MARÍA BELÉN C/ GOOGLE INC. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”.

A. ANTECEDENTES

En el caso de autos, la actora promovió una demanda por daños y perjuicios contra Google Inc. y Yahoo de Argentina SRL, alegando que se había procedido al uso comercial y no autorizado de su imagen y que, además, se habían avasallado sus derechos personalísimos al habérsela vinculado a determinadas páginas de Internet de contenido erótico y/o pornográfico. Asimismo solicitó el cese del mencionado uso y la eliminación de todas las vinculaciones.

A.1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda instaurada, considerando que las demandadas habían incurrido en negligencia culpable “al no proceder a bloquear o impedir de modo absoluto la existencia de contenidos nocivos o ilegales perjudiciales a los derechos personalísimos de la actora, a partir de serles comunicada la aludida circunstancia”. Y, asimismo dispuso “la eliminación definitiva de las vinculaciones del nombre, imagen y fotografías de la actora con sitios y actividades de contenido sexual, erótico y/o pornográfico”.

A.2. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, por cuanto rechazó el reclamo contra Yahoo, y lo admitió respecto de Google, reduciendo el monto indemnizatorio y, dejando sin efecto lo resuelto por el juez de grado en relación a la eliminación de las transcripciones mencionadas.

Asimismo, la Cámara encuadró la responsabilidad de los buscadores en el marco de la responsabilidad subjetiva, manifestando expresamente que en aquellos casos no puede aplicarle la doctrina del Art. 1113 del Código Civil en la parte que alude al “riesgo”. Y, al respecto consideró que en el caso de autos no se encontraba probada la negligencia de Google en los términos del Art. 1109 del Código Civil.

Sin embargo, la Cámara consideró responsable a Google en el tema relativo a los llamados “thumbnails” que contenían la imagen de la actora, por entender que debía haber requerido el consentimiento de ella, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31 de la Ley 11.723.

B. DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La Corte ha armonizado la interpretación entre los dos derechos que se encontraban en juego, por un lado el derecho a la libertad de expresión y de información, y por el otro el derecho al honor y a la imagen, ambos de raigambre constitucional.

De la lectura del fallo surgen cuatro interrogantes ante el caso debatido en autos: a) qué tipo de responsabilidad debe ser aplicada a los buscadores de internet; b) si es suficiente que el damnificado curse una notificación privada al “buscador” o si, por el contrario, es exigible la comunicación de una autoridad competente; c) si cabe atribuir responsabilidad al buscador respecto de los “thumbnails” en virtud de lo estipulado por el Art. 31 de la Ley 11.723; y finalmente d) si resulta procedente la tutela preventiva de la difusión de información lesiva para los derechos personalísimos de un sujeto.

Respecto al primer interrogante, la Corte ha determinado que corresponde juzgar la eventual responsabilidad de los “motores de búsqueda” la luz de la responsabilidad subjetiva, toda vez que – y de conformidad con la tendencia dominante en el derecho comparado- los buscadores no tienen una obligación general de monitorear los contenidos que se suben a la red y que son proveídos por los responsables de cada una de las páginas web. En consecuencia, toda vez que actúan como meros intermediarios se concluye en que son, en principio, irresponsables por esos contenidos que no han creado.

Sin embargo, la Corte destaca que en algunos casos los buscadores pueden llegar a responder por un contenido que le es ajeno, cuando “a partir del momento del efectivo conocimiento del contenido ilícito de una página web, al no procurar el bloqueo del resultado, sería responsable por culpa.” Y por ende resulta aplicable el Art. 1109 del Código Civil.

En segundo lugar, y en relación a la determinación del factor de atribución subjetivo para atribuir responsabilidad a un buscador, la Corte se ha expedido acerca del “efectivo conocimiento requerido para la responsabilidad subjetiva”, manifestando que en aquellos casos donde el daño resulte manifiesto y grosero bastaría la simple notificación privada –pero siempre de manera fehaciente-; y en aquellos casos donde el contenido dañoso exija un esclarecimiento, para que el buscador tenga conocimiento acerca de la supuesta ilicitud, es necesaria la notificación del hecho en sede judicial o administrativa.

En cuanto al tercer interrogante, nuestro Máximo Tribunal ha determinado que no resulta aplicable al caso de autos el Art. 31 de la Ley 11.723 –norma que establece la exigencia del consentimiento del titular del derecho personalísimo para la publicación de su imagen-, toda vez que en la cuestión debatida no se trata de determinar la responsabilidad que podría atribuirse a una página de Internet, sino a un mero intermediario cuya única función es servir de enlace, como es el caso de los “buscadores”.

Finalmente, respecto al cuarto punto expuesto, la Corte ha determinado, de conformidad con el Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de acuerdo a la doctrina expresada en numerosos fallos, que toda restricción, sanción o limitación a la libertad de  expresión debe ser interpretada en forma restrictiva, y que toda censura previa que sobre ella se ejerza padece una fuerte presunción de inconstitucionalidad; con lo cual, teniendo en cuenta las constancias de autos, determinó que la tutela preventiva no resulta aplicable, toda vez que no se ha invocado un caso que justifique apartarse de los principios ya sentados por la Corte al respecto.

Por todos los argumentos expuestos desestima en todas sus partes la demanda instaurada, con costas en todas las instancias por su orden, dada la naturaleza de la cuestión debatida.

C.LOS VOTOS EN DISIDENCIA

Sin embargo, a pesar del voto mayoritario, nos encontramos ante la disidencia parcial de los Dres. Lorenzetti y Maqueda, respecto de dos puntos tratados a lo largo de la sentencia dictada.

Por un lado, ambos magistrados consideran que resulta aplicable al caso de autos el Art. 31 de la Ley 11.723 respecto a los “thumbnails”, toda vez que a través de ellos los buscadores utilizan, almacenan y reproducen, mediante una copia reducida, imágenes publicadas por terceros, con la posibilidad incluso de ser descargas o impresas desde el propio sitio web de Google.

Y, por otro lado, en relación a la eliminación de vinculaciones ya existentes que afectan al nombre, imagen, honor e intimidad de la actora, estiman que lo que se pretende a través de la vía intentada es una tutela judicial de un derecho personalísimo que resulta compatible con la libertad de expresión.

Así, determinan que tal pretensión resulta admisible siempre y cuando se identifique con precisión cuáles son los enlaces asociados a su persona y se compruebe el daño que la vinculación ocasiona. En este sentido, la tutela constituye un tipo de reparación ulterior, y evita toda generalización que pueda afectar a la libre circulación de ideas, mensajes o imágenes, y con ello, a la garantía constitucional de la libertad de expresión.

En ese marco concluyen que frente a situaciones como la planteada, es posible reconocer una acción judicial que permita solicitar la eliminación o bloqueo de enlaces que resulten claramente lesivos de derechos personalísimos y que también posibilite requerir que, acorde con la tecnología disponible, los “motores de búsqueda” adopten las medidas necesarias para prevenir futuros eventos dañosos.

Fecha: 28/10/2014
Fuente: http://www.abogados.com.ar/analisis-del-fallo-rodriguez-maria-belen-c-google-inc-sdanos-y-perjuicios-corte-suprema-de-justicia-de-la-nacion-/15712

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Gonzalo Jeangeorges picture

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