El fiscal de Río Segundo elevó a juicio la primera causa por grooming. Investigadores aseguran que no hay impunidad virtual.
La causa judicial por un caso de grooming (acoso por Internet) en Río Segundo, la única que se conoce con un imputado por ese delito en la provincia de Córdoba, fue elevada a juicio por el fiscal Cristian Griffi, quien en las últimas semanas consideró agotada la etapa de investigación.
Marcos José Dávila, de 34 años, está detenido desde septiembre imputado por los delitos de grooming y coacción, causa en la que ya le había sido ratificada la prisión preventiva. “La acusación es por contactar a través de comunicaciones electrónicas a personas menores de edad, utilizando una identidad falsa, con el propósito de cometer delitos contra la identidad sexual mediante la publicación y distribución de imágenes pornográficas de menores de 18 años, y coacción reiterada calificada”, precisó Griffi.
Sobre cómo fue el rastreo del perfil falso a través del cual Dávila habría establecido el contacto con la adolescente, el fiscal de Río Segundo aseguró que fue un arduo trabajo de Policía Judicial. “Con la valiosa colaboración de Policía Científica se llegó a identificar desde dónde operaba el perfil falso, y se libró una orden de allanamiento que dio sus frutos: se secuestró gran cantidad de material y se detuvo al sospechoso”, detalló.
Los investigadores de delitos informáticos lograron determinar la ubicación geográfica desde la que provenía la interacción del supuesto usuario Brian Love, y solicitaron una orden de allanamiento. Fue el 12 de septiembre pasado, y el operativo se concretó en una vivienda de barrio Juniors, en la ciudad de Córdoba.
Dávila quedó detenido, se secuestró una computadora en la que había además material de otros menores de edad, y a finales de noviembre la jueza de Control Laura Barale le confirmó la prisión preventiva por el caso que fue denunciado en Río Segundo.
Identificables
La falsa creencia que detrás de los delitos informáticos hay impunidad hace que la cifra negra –casos que no se denuncian– sea muy alta. Sin embargo, quienes tienen como misión rastrear estos casos buscan desmitificar esa idea. Los abogados José Arce y Luciano Monchiero pertenecen al área de Coordinación y Seguimiento del Cibercrimen, que depende de la Fiscalía General Adjunta, a cargo de Alejandra Hillman, y confirman que se pueden perseguir a los ciberdelincuentes.
Para el rastreo de IP (número que identifica a un dispositivo que se conecta a la red), los investigadores deben solicitar la información, mediante oficio judicial, a las empresas que proveen el servicio. “No hay una ley que los obligue a guardar la información durante determinado tiempo, pero si se los pide la Justicia y lo tienen, tienen la obligación de colaborar”, aclaró Arce. A los pormenores de los protocolos de rastreo no pueden difundirlos, para no develar aspectos claves en las investigaciones ni avivar a los delincuentes.
Acerca de los pocos casos de imputación por grooming que hay en Córdoba, Arce y Monchiero hacen dos salvedades. Primero, lo reciente de la figura, incorporada al Código Penal Argentino en 2013. Y en segundo lugar, las veces en las que el grooming termina en un abuso sexual. “Sí rastreáramos cómo fue el primer contacto entre víctima y victimario en los casos de abuso sexual en los que no hay parentesco, nos encontraríamos seguramente con muchos más casos de grooming que se pierden desde la calificación legal porque culminan en otro delito”, precisó Arce.
Estafas
Ambos coinciden en que son más numerosos los delitos económicos, como phishing (fraude mediante manipulación informática) o el carding (fraude utilizando una tarjeta de crédito o débito ajena, ya sea por robo o vulneración de datos de seguridad), que los que atentan contra la integridad de las personas. Y lo que falta, es información sobre cómo protegerse.
Prevenir y formar, la tarea
José Arce y Luciano Monchiero coinciden en que el principal obstáculo para prevenir ciberdelitos es la falta de información de los padres, que muchas veces ponen en manos de sus hijos dispositivos peligrosos. Por eso formaron la ONG AMTICS http://www.derechoentrelineas.org/, a través de la cual colaboran con la alfabetización digital brindando charlas para docentes, padres y alumnos en las escuelas y dictando cursos de operador de PC para gente de escasos recursos. “Buscamos que sea una herramienta de integración para los que tienen menos acceso”, aclaran.
“¿Qué pasa cuando un padre le crea un perfil de Facebook a su hijo menor de 13 años? No sólo que lo está exponiendo en una red en la que no le está permitido estar, sino que también lo está formando en la creación de una identidad falsa, de una mentira”, cuestiona Monchiero.Autor:
Por Laura Giubergia
Fecha: 19/12/2014
Fuente: http://www.diaadia.com.ar/cordoba/juicio-la-primera-causa-por-grooming
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